La alerta advierte sobre el alto riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en zonas rurales del Cauca, ante el avance del Frente Carlos Patiño, el posible ingreso de estructuras del ELN y la inacción estatal.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia No. 008 de 2025 para los municipios de Patía y El Tambo, en el departamento del Cauca, ante el grave riesgo que enfrentan sus comunidades por el accionar creciente de grupos armados ilegales.
La alerta señala una posible escalada de violencia generada por el Frente Carlos Patiño, estructura disidente de las FARC integrada al Bloque Occidental Jacobo Arenas, y el posible ingreso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, así como de células urbanas del ELN conectadas con los frentes José María Becerra y Manuel Vásquez Castaño.
Esta convergencia de actores armados amenaza con desencadenar enfrentamientos directos que impactarían de manera grave a la población civil.
Entre los grupos más vulnerables se encuentran los firmantes de paz del antiguo ETCR ‘Aldemar Galán’, personas en proceso de reincorporación, liderazgos sociales y afrocolombianos, campesinos, comerciantes, ganaderos, docentes, transportadores y mujeres.
La zona en cuestión ha cobrado una importancia estratégica para los actores armados ilegales por su ubicación geográfica: conecta con el Macizo Colombiano, el Cañón del Micay y corredores hacia el Pacífico y Nariño, lo que ha intensificado el interés por su control territorial y social.
Los corregimientos de Patía más afectados serían: Brisas, El Placer, Sachamates, Quebrada Oscura, Don Alonso, La Fonda, Las Tallas, Santa Cruz, El Hoyo, La Mesa, Pan de Azúcar y Santa Rosa Baja, junto con los consejos comunitarios El Samán, Afro Brisas del Río Patía, La Nueva Esperanza y El Pedrero. En El Tambo, la situación es crítica en el corregimiento El Cabuyal y sus veredas: Cabuyal, Ciprés, Pueblo Nuevo, El Hoyo, La Banda, La Pedregosa, La Senda Blanca, Limoncito Mirringa y Navarro.
La Defensoría urgió a las autoridades estatales a adoptar medidas inmediatas de protección, investigación judicial, atención humanitaria y prevención de nuevas violencias.
Enfatizó que se requiere una coordinación rápida y efectiva entre los entes de seguridad, justicia y el Ministerio Público, para evitar una tragedia mayor y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
