La denuncia busca que la Fiscalía actúe con urgencia ante un hecho que, de no ser castigado, sienta un peligroso precedente de permisividad frente al terrorismo disfrazado de protesta social.
La senadora María Fernanda Cabal, integrante del partido Centro Democrático y aspirante presidencial, radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por el secuestro de 57 soldados del Ejército Nacional ocurrido el pasado 22 de junio en el corregimiento de El Plateado, municipio de El Tambo, Cauca.
La congresista exige que se investigue, identifique y judicialice tanto a los autores materiales como a los determinadores de lo que calificó como “un acto de terrorismo que atenta contra la seguridad nacional y la vida de nuestros soldados”.
Según la denuncia, los uniformados fueron rodeados y retenidos por personas que, de acuerdo con medios locales y reportes oficiales, harían parte de comunidades rurales influenciadas y “claramente instrumentalizadas” por las disidencias de las FARC. La retención, según versiones recogidas en la zona, fue una respuesta de los pobladores a la presencia militar en la región, específicamente en áreas donde históricamente han operado grupos armados ilegales como el Estado Mayor Central, estructura liderada por alias ‘Iván Mordisco’.
“El Estado no puede permitir que los criminales sigan desafiando su autoridad ni que las comunidades sean utilizadas como escudos humanos para favorecer intereses armados”, expresó Cabal al momento de radicar la denuncia, en la que además solicita que se realicen actos urgentes de inspección judicial en el terreno y se activen las medidas legales necesarias para evitar nuevos hechos similares.
El secuestro y su impunidad
Los hechos denunciados ocurrieron en medio de una tensa situación de orden público en el Cañón del Micay, una zona estratégica tanto para el control territorial como para economías ilícitas como el narcotráfico. Las fuerzas militares han adelantado operaciones de contención para reducir el poder de fuego de las disidencias, pero la presencia estatal continúa siendo frágil, y el control social y armado por parte de los ilegales sigue siendo evidente.
El dato que más ha generado indignación en sectores de la opinión pública es que, menos de 48 horas después del secuestro, los presuntos responsables fueron dejados en libertad. No hubo judicializaciones ni detenciones formales. La acción fue tratada como una “retención por inconformidad” en algunos comunicados oficiales y versiones mediáticas, lo que ha sido fuertemente criticado por sectores políticos y sociales.
“Esto es una cachetada al Ejército, una burla al uniforme y al sacrificio de nuestros soldados”, afirmó Cabal. “Aquí se manda el mensaje de que se puede secuestrar a militares y salir libre en dos días. Eso es impunidad. Y lo que no se castiga, se repite”.
¿Silencio institucional?
La denuncia de Cabal también llama la atención sobre la aparente inacción del Gobierno nacional frente a estos hechos. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento de fondo del presidente Gustavo Petro ni del ministro de Defensa, ni se han anunciado medidas disciplinarias o penales contra quienes retuvieron a los soldados. Tampoco se ha esclarecido si se trató de una decisión concertada con líderes locales o si hubo alguna mediación por parte de instituciones gubernamentales para permitir la liberación sin consecuencias jurídicas.
En su solicitud ante la Fiscalía, Cabal pidió que se activen los artículos 11, 132, 133, 134 y 205 del Código de Procedimiento Penal, así como una investigación penal rigurosa que permita establecer las responsabilidades individuales y colectivas en este hecho, que no solo pone en riesgo la moral de la Fuerza Pública, sino que debilita la autoridad del Estado en zonas vulnerables.
El precedente
Este no es el primer incidente de este tipo en el suroccidente colombiano. En los últimos meses, distintas unidades militares han sido retenidas temporalmente por pobladores en zonas bajo influencia de estructuras armadas ilegales. Lo que diferencia este caso es la magnitud: 57 soldados fueron secuestrados al mismo tiempo, lo que representa uno de los episodios más graves de subordinación al poder ilegal en lo que va del año.
“La democracia se desmorona cuando los soldados terminan siendo rehenes en su propio país y el Estado no responde”, concluyó la senadora. Su denuncia busca no solo una acción judicial, sino un pronunciamiento institucional claro frente a lo que considera un patrón creciente de impunidad.
El país espera una respuesta. Porque si esto se deja pasar, si este hecho no tiene consecuencias, el mensaje será devastador: en Colombia se puede secuestrar a quienes defienden la nación… y salir libre en dos días.
