“En un país donde el gobierno prefiere pactar con criminales en lugar de proteger a los ciudadanos, el único camino digno es decir la verdad sin temor”, fueron las palabras de la senadora María Fernanda Cabal con respecto a la manifestación convocada por Petro en La Alpujarra, Medellín.
El presidente Gustavo Petro sigue generando controversia tras su más reciente decisión de sacar a varios jefes de bandas criminales de la cárcel para convertirlos en “voceros de paz” durante una manifestación multitudinaria en el centro de Medellín.
La medida, calificada por sectores de la oposición como un acto de «vergüenza institucional», ha sido ampliamente cuestionada por líderes políticos, víctimas del crimen y analistas independientes, quienes denuncian un uso perverso del concepto de paz y una peligrosa instrumentalización del aparato estatal.
Entre las voces más contundentes se encuentra la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien desde su cuenta de X no dudó en señalar: “Los aliados de un gobierno que solo producen vergüenza”.
Y agregó: “En un país donde el gobierno prefiere pactar con criminales en lugar de proteger a los ciudadanos, el único camino digno es decir la verdad sin temor”.
La líder opositora no solo rechazó la presencia pública de criminales como alias Douglas, Tom, Lindolfo y Carlos Pesebre —cabecillas de violentos combos locales—, sino también la falta de un marco legal claro que respalde esta negociación.
“Hoy, Colombia es testigo de un Estado que ha confundido el concepto de paz con el de rendición”, afirmó Cabal, subrayando que la verdadera paz debe imponerse con la fuerza legítima del Estado, no mediante acuerdos con criminales que han sembrado el terror en comunidades enteras.
El gobierno se burla de las víctimas del conflicto armado en Antioquia
Petro insistió en que los líderes delincuenciales han cumplido parcialmente ciertos compromisos, como el cese de hostilidades entre bandas rivales o la suspensión temporal de la extorsión en algunos barrios. Sin embargo, estas promesas, según fuentes policiales y análisis de seguridad, carecen de verificación independiente y podrían responder simplemente a ajustes internos dentro de las estructuras criminales.
El mandatario propuso incluso una especie de amnistía para quienes dejen definitivamente las armas, aunque ello requeriría reformas legales aún inexistentes. Esta idea fue rápidamente criticada por exfuncionarios y juristas, quienes advierten que podría abrir la puerta a una impunidad selectiva, beneficiando a criminales mientras miles de colombianos honestos enfrentan procesos judiciales por delitos menores.
La presencia de estos individuos en un evento público, junto a ministros, congresistas y líderes sociales, no solo no resultó simbólica, también fue profundamente ofensiva para las víctimas del conflicto urbano en Antioquia. Familiares de policías asesinados, empresarios extorsionados y líderes comunitarios expresaron su indignación ante lo que consideran una burla a la justicia y al dolor colectivo.
Además, el contexto político de la movilización no puede ignorarse. Petro utilizó la tarima para exhibir su apoyo su populismo y supuesto apoyo en esa zona del país. Este gesto fue interpretado por Federico Gutiérrez, gobernador electo de Antioquia y potencial rival electoral, como una clara provocación, quien respondió con dureza: “Lo que hizo ayer en Medellín, sacando de la cárcel a los peores criminales, poniéndolos no solo a su lado, sino poniéndose de su lado, no es un acto político, sino un premio a la barbarie”.
¿Paz o impunidad?
La política de “paz total” del gobierno Petro ha sido cuestionada desde sus inicios por carecer de una estrategia clara y de un mecanismo de control efectivo. Aunque el objetivo de reducir la violencia es legítimo, el método utilizado —negociar con criminales sin exigir garantías mínimas ni condiciones públicas— ha generado más inseguridad que confianza entre la población.
Como recordó la senadora Cabal: «Las negociaciones con grupos terroristas como las FARC y el ELN han sido un fracaso rotundo. Lejos de traer paz, han incubado nuevas violencias, nuevas disidencias, y han fortalecido al narcotráfico, el verdadero combustible de todas las guerras en Colombia».
La manifestación en La Alpujarra no solo vulnera principios básicos de justicia y transparencia, sino que envía un mensaje equivocado a toda la sociedad: que el crimen organizado tiene derecho a ocupar espacios privilegiados en la agenda pública, mientras las víctimas son relegadas al silencio.
Colombia atraviesa un momento crucial. Mientras millones de ciudadanos trabajan día tras día por construir un futuro mejor, el gobierno parece más interesado en legitimar a quienes han destruido ese futuro. Si la paz es el objetivo, entonces debe alcanzarse con justicia, no con condescendencia hacia quienes han convertido la violencia en negocios.
Como dijo la senadora Cabal: “El único aliado legítimo del Estado debe ser el ciudadano, el trabajador, el campesino, el emprendedor honesto, no los bandidos que desde las cárceles o desde la clandestinidad pretenden comprar impunidad con discursos disfrazados de reconciliación”.
Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo el Estado permitirá que criminales escriban el guion de la paz?
