Corte Constitucional presenta balance de gestión con avances en acercamiento ciudadano y transformación digital

Durante la presidencia de José Fernando Reyes Cuartas, el alto tribunal desarrolló una estrategia integral de acercamiento ciudadano basada en pedagogía constitucional, transformación digital y divulgación de la jurisprudencia, con un énfasis en la protección de los derechos fundamentales.

En su más reciente informe de gestión, correspondiente al periodo febrero de 2024 a febrero de 2025, la Corte Constitucional presentó una serie de acciones orientadas a fortalecer la relación entre el alto tribunal y la ciudadanía.  Bajo la dirección del magistrado presidente José Fernando Reyes Cuartas, la Corte avanzó en tres grandes frentes: pedagogía constitucional, modernización digital y fortalecimiento institucional.

El eje central de esta gestión fue el proyecto La Corte Dialoga, una estrategia de divulgación que buscó acercar el contenido constitucional a distintos públicos mediante encuentros, formaciones, cápsulas digitales y alianzas institucionales.

Esta iniciativa permitió desplegar actividades en cinco regiones del país a través de diálogos con universidades, en los que participaron estudiantes, profesores y magistrados —titulares y auxiliares— en debates sobre fallos recientes y temas estructurales de la jurisprudencia.

Asimismo, se diseñó y ejecutó un diplomado en derecho constitucional para periodistas, con una cohorte de 58 comunicadores admitidos y 51 graduados, enfocado en temas como derechos fundamentales, control de constitucionalidad y libertad de expresión.

En ese sentido, según el documento de 80 páginas, la Corte también desarrolló talleres para funcionarios judiciales sobre conflictos jurisdiccionales y acciones de tutela, capacitando a más de un centenar de operadores de justicia en ciudades como Barranquilla y Manizales.

Uno de los hitos del año fue el XIX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, celebrado en Manizales, que congregó a más de 1.000 asistentes presenciales y cerca de 100.000 espectadores a través de medios digitales. Bajo el lema “Promesas y garantías: un constitucionalismo vivo”, este espacio abordó el garantismo como paradigma jurídico desde diversas ópticas: derechos de las mujeres, justicia ambiental, poder privado, trabajo y derecho penal. Entre los panelistas estuvo el reconocido jurista Luigi Ferrajoli, cuyas ideas sobre los límites al poder fueron ampliamente debatidas.

Divulgación con impacto masivo

El informe también destaca la importancia de las plataformas digitales en la comunicación con la ciudadanía y cómo la Corte también apostó por una estrategia de contenidos audiovisuales en redes sociales: a través de 40 cápsulas temáticas publicadas entre 2024 y 2025, explicó de forma accesible conceptos complejos como la supremacía constitucional, el control de constitucionalidad, las acciones públicas de inconstitucionalidad o los efectos de las sentencias de tutela.

Estas piezas, alojadas en TikTok, Instagram y YouTube, acumularon más de un millón de visualizaciones, destacando producciones como “¿Qué es un derecho fundamental?”, que superó las 121.000 reproducciones. Paralelamente, precisa la rendición de cuentas, se fortaleció la infraestructura digital del tribunal. Se implementaron nuevos tableros estadísticos públicos, se modernizó el buscador de jurisprudencia mediante inteligencia artificial y se activó un gestor electrónico para el trámite de procesos en Sala Plena.

Estas herramientas no solo facilitaron el acceso a la información, sino que también mejoraron la eficiencia interna de la corporación. Otro avance relevante fue el impulso de una línea de trabajo conjunta con la Procuraduría General de la Nación, que dio lugar a la creación de una Delegada para el seguimiento al cumplimiento de las sentencias de tutela, contribuyendo a consolidar el carácter vinculante y transformador de las decisiones constitucionales.

Finalmente, el detallado reporte señala que, con estas acciones, la Corte Constitucional reafirma su papel como intérprete supremo de la Carta Política y como un actor activo en la construcción de ciudadanía, cultura constitucional y democracia participativa.

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