El destacado centro de investigación realizó un examen a las propuestas de reforma y recomendó incluir elementos que le permitirán amortiguar los respectivos impactos en materia económica y social.
“No será posible mejorar la cobertura en el sistema obligatorio de pensiones si no se hacen esfuerzos por reducir la informalidad laboral en el país”, alertó Luis Fernando Mejía Álzate, director de Fedesarrollo, quien luego de un minucioso estudio consideró que las reformas laboral y pensional resultan altamente costosas para el país y, por tanto, requieren de ciertos ajustes que le permitan amortiguar la carga fiscal.
Hizo un llamado sobre la muy baja cobertura del sistema obligatorio pensional que considera en 25 % e indica que esta se debe esencialmente a la alta informalidad laboral que actualmente es del 58 % de la población.
Al tiempo que consideró que se deben hacer esfuerzos para reducir la informalidad laboral, hizo público el estudio: “Análisis y recomendaciones sobre las reformas laboral y pensional” que contiene el análisis económico y plasma las debidas observaciones y recomendaciones.
Advirtió que, si bien la reforma laboral se enfoca en proteger a los actuales empleados formales, sus medidas tendrán consecuencias indeseadas en los ocupados informales y los desempleados.
“El aumento en los costos del empleo formal provocará una tendencia alcista del desempleo y la informalidad laboral, agravando aún más el problema de cobertura en el componente contributivo del sistema de protección a la vejez”, reiteró.
Las diversas propuestas una de ellas el aumento de los costos de despido generaría un aumento de la informalidad laboral de hasta 2,1 puntos porcentuales, equivalente a una pérdida de 460.000 empleos formales.
¿Qué recomienda incluir en la reforma laboral?
En razón a lo anterior Fedesarrollo propuso o sugirió en su estudio contemplar ajustes al proyecto de ley de reforma laboral como crear una tasa de cotización progresiva y, a la vez, un seguro de desempleo no contributivo y fortalecer la pertinencia de la formación para el trabajo, entre otros.
Las recomendaciones se relacionan explícitamente a continuación:
1. Diferir en el tiempo la entrada de algunas de las medidas, o condicionarlas a que la tasa de desempleo sea inferior a algún umbral (por ejemplo, 8 % promedio anual).
Para el centro de investigación el aumento de los costos del empleo formal en un contexto de desaceleración económica y tasa de desempleo aún superior al 11 % agravará los problemas de deterioro en el mercado laboral que, aún en ausencia de la reforma, se verán en este año.
2. Introducir una tasa de cotización en salud progresiva, iniciando en 0 % para quienes tiene ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo y aumentando gradualmente hasta el 9 % para quienes tienen ingresos iguales o superiores a 25 salarios mínimos.
“Hoy, un asalariado debe contribuir con un 4 % de su salario y un independiente con un 12,5 % de su ingreso para el régimen contributivo de salud. Esto es un incentivo poderoso para mantenerse en la informalidad, pues el ocupado puede obtener los mismos beneficios en el régimen subsidiado a costo cero”, explicó.
3. Crear un seguro de desempleo no contributivo, que puede ser financiado con una fracción de los aportes a cajas de compensación.
“El seguro, podría entregar medio salario mínimo hasta por tres meses a ocupados formales (asalariados e independientes) que tengan ingresos no superiores a 1,5 salarios mínimos. Esta es una forma de proteger al trabajador sin aumentar los impuestos al empleo en la contratación del propio trabajador”, agregó.
4. La baja productividad laboral está estrechamente relacionada con problemas estructurales en la formación para el trabajo.
“El aumento de la formalidad y la productividad laboral pasa entonces, de manera central, por fortalecer la pertinencia de la formación para el trabajo, enfatizando los cursos cortos y las habilidades blandas, y desarrollando plenamente el marco nacional de cualificaciones y el sistema de acreditación para transitar entre el pilar técnico/tecnológico y el universitario”, sostiene.
Aumento de 30,2 puntos del PIB
Sobre la reforma pensional se refirió a 3 aspectos puntuales: el primero es que genera una afectación excesiva en el ahorro privado, el segundo, aumenta el pasivo pensional en su componente contributivo y, tercero, genera un ahorro insuficiente, lo que deteriora aún más la posición fiscal del Gobierno nacional.
En materia de impacto fiscal de la reforma pensional, Fedesarrollo calculó un aumento de 30,2 puntos del PIB en el pasivo del sistema de protección en la vejez.
Al desagregar dicha cifra, Mejía fue explicitó en afirmar que 12,5 puntos del PIB serían producto del pilar solidario, 8,4 puntos del semicontributivo y 9,3 puntos del contributivo.
“Las estimaciones difieren de lo presentado por el ministerio de Hacienda, que dice que reduciría el impacto fiscal en 12,3 puntos del PIB, pero no incluye el pilar solidario, que es el más costoso de todos y debería contemplarlo”, resaltó el también exdirector de Planeación Nacional.
“El ministerio hace los cálculos con corte al 2070 pero los análisis de impacto de cambios en sistemas pensionales por diseño deben hacerse en los plazos más largos posibles, por lo que preferimos hacerlo con corte al año 2100”, subrayó.
Para Mejía Álzate, el ministerio es más optimista en el supuesto de la tasa de interés real usada para descontar los flujos netos del sistema, “Usa una tasa del 4 %, mientras que la usada por Fedesarrollo es de 3,4 %”, replicó.
Propuso, entonces, los siguientes ajustes a la reforma pensional:
1. Acoger la propuesta de Fedesarrollo sobre un pilar contributivo de ahorro individual, en donde Colpensiones entraría a competir con los fondos de pensiones y otros mecanismos de ahorro de largo plazo para ofrecer cuentas de ahorro individual a los cotizantes, profundizando así la competencia.
Colpensiones adoptaría un esquema de cuenta de cuentas nacionales para mitigar el impacto fiscal.
2. En caso de persistir en la idea de un pilar contributivo de prima media, reducir el umbral de cotización en este pilar de 3 a 1,5 salarios mínimos. “Así se genera la menor afectación desde el punto de vista de flujos de ahorro privado e impacto fiscal para el Gobierno nacional”, destacó.
3. Implementar una regla de ahorro más simple, en donde se estipule que Colpensiones deberá ahorrar la totalidad del flujo nuevo de cotizaciones actualizado por el crecimiento de la masa salarial (el producto de la población ocupada y los salarios).
Para Fedesarrollo, esta regla es más clara y transparente frente a los mercados, y asegura que la reforma no destinará los nuevos flujos de cotizaciones a gasto corriente, lo que deterioraría la posición fiscal del Gobierno nacional.
4. Para disminuir el impacto fiscal de la propuesta de reforma, sería deseable ajustar el ingreso base de liquidación (ampliando el periodo de cálculo de este ingreso) y la tasa de reemplazo, que en la propuesta del Gobierno permanecen sin modificaciones frente a los parámetros que rigen actualmente.
