Según el congresista, más de 36 esquemas de seguridad habrían sido asignados sin estudios previos a contratistas, simpatizantes del petrismo y hasta influenciadores, mientras se niega la protección a figuras de oposición como el senador Miguel Uribe.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, lanzó una denuncia pública en la que acusó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) de haberse convertido en “una cueva de politiquería y favores políticos”. A través de un hilo en la red social X, Cadavid reveló presuntas irregularidades en la asignación de esquemas de seguridad por parte de esa entidad.
“Demostraremos con pruebas cómo han convertido a la UNP en una cueva de politiquería, donde los recursos del Estado se entregan a dedo a simpatizantes del Gobierno, contratistas y bodegueros de redes sociales”, aseguró Cadavid.
El congresista señaló que al menos 36 esquemas de seguridad habrían sido otorgados sin los debidos estudios de riesgo, lo que incluye la entrega de 96 escoltas y 28 vehículos blindados. Cadavid aseguró que estas medidas se han aplicado como “premios políticos” a personas afines al petrismo, mientras se ha negado protección a miembros de la oposición.
Uno de los casos más polémicos señalados por el congresista es el de Diana Portilla, a quien se refirió como “bodeguera contratista del petrismo”.
Según Cadavid, ella habría recibido protección de la UNP —incluyendo escolta, chaleco antibalas y subsidios— tras publicar un trino afirmando que “la mandaron a matar”.
Esto le habría permitido ser calificada con riesgo extraordinario, el mismo nivel de protección que tenía el senador Miguel Uribe antes de sufrir un atentado.
“Es insultante que se haya equiparado antes del atentado, el riesgo del senador Uribe con el de una bodeguera. A él le negaron protección, a ella la escoltan por un trino”, afirmó.
El congresista también denunció que la UNP se ha negado a entregar información detallada sobre los costos de estos esquemas bajo el argumento de que no tienen los datos desagregados.
Además, reveló que 1.453 exintegrantes de las FARC estarían trabajando como escoltas dentro de la UNP, muchos de ellos en condición de funcionarios o contratistas, y algunos presuntamente vinculados a procesos penales y mal uso de bienes del Estado.
Cadavid concluyó advirtiendo que presentará denuncias formales contra el director de la entidad, Augusto Rodríguez, a quien identificó como “otro ex M-19 al servicio del petrismo”.
“La UNP no es garantía de protección, sino una plataforma para premiar aliados políticos y castigar opositores”, sentenció.
