La falta de respuesta estatal ante denuncias de secuestro y amenazas ha dejado en riesgo a trabajadores y visitantes, mientras organizaciones exigen intervención urgente de la Fiscalía y protección efectiva.
A través de una nota de prensa, se denunció la toma violenta del hotel Ecohabs Bamboo Tayrona, ubicado en la entrada del Parque Nacional Natural Tayrona, ha puesto en evidencia la creciente inseguridad y el abandono institucional que afecta a empresarios y turistas en la región.
La revelación, fue hecha por el empresario y abogado ambientalista Augusto César Rico, quien denunció que su socio minoritario, con presunto respaldo de estructuras criminales que operan en la región, ocupó el establecimiento el pasado 14 de junio, desplazando a su equipo y asumiendo el control del hotel bajo una nueva razón social sin registro turístico.
Esta situación se agrava con la reapertura del Parque Tayrona, pues, de acuerdo con el empresario, turistas extranjeros con reservas previas desconocen el cambio de administración y podrían ser víctimas de fraude o verse expuestos a riesgos de seguridad.
Según la nota de prensa difundida por Rico, desde febrero de 2025 ha sido objeto de amenazas y, en abril, tanto él como cinco empleados fueron retenidos y obligados a firmar documentos bajo coacción, hechos denunciados ante la Fiscalía con pruebas que incluyen audios y testimonios.
Pese a la gravedad de los hechos, ni la Fiscalía ni las autoridades locales han tomado acciones efectivas. El defensor de derechos humanos José Humberto Torres calificó la situación como secuestro y exigió protección inmediata para Rico, su familia y los empleados afectados.
Sin embargo, funcionarios municipales minimizaron el caso, calificándolo como una “reunión de socios”, lo que ha sido interpretado como revictimización y omisión institucional.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han solicitado la intervención de organismos nacionales e internacionales, así como la suspensión de las reservas en plataformas digitales para evitar nuevos fraudes. Este caso plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para proteger a quienes denuncian este caso en concreto y a quienes visitan la zona.
