La Sala de Casación Penal resolvió que el proceso contra el exdirector de Función Pública deberá continuar en un juzgado ordinario, al no encontrar relación directa entre los delitos imputados y sus funciones oficiales.
En sesión ordinaria realizada en Sincelejo, Sucre, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el conflicto de competencias en el proceso que se adelanta contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.
El alto tribunal determinó que el caso continuará en el Juzgado 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al no encontrarse mérito para que sea asumido por una instancia superior.
El proceso se origina por la imputación de varios delitos formulada por la Fiscalía General de la Nación, que acusa al exfuncionario de haber participado en el direccionamiento irregular de contratos dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en aparente connivencia con empresarios que habrían ofrecido contraprestaciones económicas.
Los cargos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos.
Durante la audiencia, la defensa de Manrique Soacha argumentó que algunos de los hechos estarían relacionados con sus funciones como director de Función Pública, lo cual activaría su fuero constitucional y trasladaría la competencia al Tribunal Superior de Bogotá, bajo revisión de la Corte Suprema.
No obstante, la Sala Penal concluyó que los actos investigados no guardan una relación directa con el ejercicio de su cargo público, sino que responden a acuerdos informales de carácter personal o político con funcionarios de la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, enfocados en manipular procesos contractuales para beneficio privado.
“Los hechos relatados en la imputación sugieren que su intervención se habría concretado en el marco de acuerdos informales… encaminados al direccionamiento de procesos contractuales y al eventual recibo de dádivas derivadas de tales gestiones irregulares”, señaló la Corte.
Con esta decisión, el expediente se remitirá de nuevo al juzgado de origen en Bogotá, donde continuará el curso del proceso judicial.
