La aspirante presidencial, María Fernanda Cabal Molina, se comprometió a impulsar una reforma que permita proteger a los niños de los delincuentes que los instrumentalizan para cometer crímenes.
El reciente intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, ha desencadenado una ola de indignación y debate público en Colombia.
El hecho, protagonizado por un menor de 14 años, ha puesto sobre la mesa una polémica cuestión social, jurídica y moral: ¿hasta qué punto debe protegerse a los menores que cometen crímenes graves? La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, no tardó en reaccionar con dureza ante este caso.
Este acto no solo tiene al político al borde de la muerte, sino que también abrió un debate urgente sobre el uso sistemático de menores para cometer crímenes graves en Colombia. Frente a esto, la líder opositora no dudó en tomar posición contundente: “niño que delinque como adulto, paga como adulto”.
El atentado: un menor detrás del gatillo
El pasado sábado, durante ejercicios de proselitismo, el senador Uribe Turbay fue baleado con tres impactos por un joven de 14 años. Aunque logró sobrevivir gracias a una rápida intervención médica, el hecho sacudió al país y reveló una nueva cara de la violencia urbana: el uso sistemático de menores para cometer actos terroristas o sicariatos.
Según reportes preliminares de la Fiscalía General de la Nación, el adolescente estaría vinculado a estructuras criminales locales dedicadas al microtráfico y control territorial. Sin embargo, su condición de menor de edad lo exime automáticamente de ser juzgado bajo el régimen penal ordinario, lo cual ha generado críticas de sectores políticos y sociales.
La posición de María Fernanda Cabal: justicia y prevención
Frente al caso, la senadora María Fernanda Cabal emitió un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde propuso una reforma legal que permita judicializar a menores de edad a partir de los 16 años cuando cometan delitos graves y demuestren plena conciencia de sus actos. El mensaje de la congresista fue claro:
«Yo no prometo, yo me comprometo a impulsar una reforma que permita proteger a los niños de los criminales que los instrumentalizan para cometer crímenes».
Su propuesta se basa en tres pilares fundamentales:
- Reforma al Código de Infancia y Adolescencia: incluir excepciones que permitan juzgar penalmente a menores de 16 a 18 años en casos de delitos graves como homicidio, secuestro, terrorismo o abuso sexual agravado.
- Protección integral a la niñez: fortalecer las capacidades del ICBF y la Fiscalía para identificar, rescatar y reintegrar a los menores reclutados por bandas criminales.
- Desincentivo al uso criminal de menores: elevar las penas para los adultos que reclutan, explotan o utilizan a menores para cometer delitos.
Para Cabal, esta iniciativa no es una medida punitiva contra la infancia, sino una herramienta de defensa de los verdaderos niños víctimas, y un golpe directo a las redes criminales que usan a los menores como escudo legal.
¿Protección a los niños o intenciones ideológicas?
Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha insistido en un discurso horas después del atentado: “Debemos cuidar a nuestros niños desde el vientre hasta la adolescencia. No solo con palabras, sino con políticas sociales reales”.
Sin embargo, críticos señalan que el gobierno no ha presentado estrategias claras ni recursos suficientes para combatir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2024 fueron reclutados más de 400 menores de edad por grupos armados ilegales en Colombia, principalmente por estructuras de las disidencias de las FARC, ELN y bandas criminales.
Los datos evidencian, asimismo, una concentración de casos de reclutamiento en ciertas regiones del territorio nacional, particularmente en zonas azotadas por el conflicto armado. El Cauca, con 300 casos reportados, fue el departamento más afectado.
Además, según informes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el 2023 más de 103.000 menores fueron víctimas de la violencia o estuvieron vinculados a actividades delictivas provienen de contextos de pobreza extrema, sin acceso a educación formal ni redes familiares estables.
¿Protección real o mensaje camuflado?
La pregunta que muchos colombianos se hacen es si el discurso gubernamental realmente apunta a proteger a los niños, o si encubre otras intenciones ideológicas. Algunos analistas señalan que el enfoque actual podría estar generando un vacío normativo que permite a los criminales seguir utilizando a menores como herramientas de violencia.
El atentado contra el senador Miguel Uribe no solo dejó un herido grave, sino también un país dividido en su percepción sobre cómo tratar a los menores que cometen delitos graves. Mientras algunos claman por justicia inmediata y endurecimiento de penas, otros insisten en políticas de fondo que eviten el reclutamiento desde sus raíces.
Lo cierto es que Colombia necesita urgentemente un enfoque integral que combine prevención, protección, reinserción y sanción diferenciada. Que no haya espacio para que los criminales sigan usando a los niños como escudos humanos, ni para que estos queden impunes por delitos irreparables.
Como dijo la senadora Cabal: “Vamos de esta manera a proteger a los verdaderos niños víctimas, desarticular las redes que los explotan y garantizar justicia para las víctimas de crímenes atroces”.
