De confirmarse las infracciones, la plataforma podría enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada violación, además de la obligación de ajustar sus prácticas comerciales y cumplir estrictamente las órdenes impartidas por la autoridad competente.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa contra Rappi S.A.S. por posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores y por no cumplir órdenes previas de la autoridad. El proceso se centra en la calidad del servicio, la información suministrada y el respeto a las condiciones ofrecidas en la plataforma.
Tras varias pesquisas, la entidad identificó diversas irregularidades preliminares, entre ellas la entrega de productos en mal estado, demoras y deficiencias en la atención de peticiones, quejas y reclamos, así como el incumplimiento en la entrega de productos adquiridos a través de la aplicación y el sitio web.
También se señala la falta de información clara y suficiente sobre los cobros realizados, la omisión del precio por unidad de medida en algunos productos y la ausencia de términos y condiciones en promociones.
Otro de los puntos señalados es el supuesto incumplimiento de las condiciones anunciadas para el servicio Turbo, así como la adopción de cláusulas contractuales que podrían limitar la responsabilidad legal de la empresa frente a los usuarios.
En ese sentido, la SIC también detectó deficiencias en los mecanismos para el seguimiento de las solicitudes de los consumidores, lo que podría dificultar la atención y resolución de reclamos.
Adicionalmente, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor evidenció que Rappi no habría acatado órdenes impartidas mediante una resolución de mayo de 2024, relacionadas con la garantía de calidad de los bienes y servicios y la información sobre exoneración de responsabilidad.
Finalmente, en la nota de prensa, la SIC reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores y la promoción de prácticas comerciales transparentes y ajustadas a la ley en el entorno digital.
