El presidente persiste en su decisión pese al concepto negativo legislativo. Múltiples entidades advierten sobre vulneración constitucional y llaman a instituciones para defender separación de poderes en Colombia.
Múltiples organizaciones de la sociedad civil colombiana expresaron su «profunda preocupación» ante el anuncio presidencial de convocar una consulta popular mediante decreto, pese al concepto negativo del Senado de la República.
El comunicado conjunto, firmado por entidades como CERAC, Fundación Corona, EAFIT, Proantioquia, Probogotá y Transparencia por Colombia, entre otras, advierte que la convocatoria gubernamental «vulnera abiertamente el procedimiento constitucional y legal» establecido para consultas populares de origen presidencial.
Las organizaciones señalan que la decisión presidencial constituye «un abuso y desnaturalización del propósito del mecanismo de participación ciudadana» consagrado en el artículo 104 de la Constitución, además de quebrantar «un principio esencial de la democracia constitucional: la separación e independencia de los poderes».
Este nuevo pronunciamiento enfatiza que desconocer el concepto negativo del Senado «infringe las leyes» y representa una negación del Estado de derecho y la democracia representativa. Según las organizaciones firmantes, «actuar por fuera de ese marco no es una señal de fortaleza ni de respeto de la voluntad ciudadana».
Cuatro exigencias institucionales
Frente a esta situación, las entidades civiles formularon cuatro llamados específicos. Primero, exigen al Gobierno Nacional «no avanzar con la firma de un decreto que amenaza con quebrantar abiertamente el principio de separación de poderes».
Como segunda medida, exhortan a las altas cortes, particularmente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, a «reafirmar la supremacía de la Constitución de 1991» y aplicar las normas que regulan el procedimiento para convocar consultas populares, incluyendo medidas cautelares si lo consideran oportuno.
También solicitan al Congreso mantener «con responsabilidad y plena independencia» sus tareas constitucionales de control político al ejecutivo, mientras hacen un llamado a la comunidad internacional para que observe «con atención la situación actual de Colombia» como parte de un «preocupante retroceso democrático a nivel global».
Finalmente, el comunicado concluye advirtiendo que no se trata de «un asunto ideológico ni una controversia política pasajera», sino de «un desafío directo al orden constitucional que nos rige desde 1991». Las organizaciones sostienen que «romper las reglas de ese pacto fundamental no fortalece a la ciudadanía, ni amplía ni protege sus derechos», sino que «debilita el marco que la protege y despeja el camino hacia el despotismo».
