Cárcel para cinco miembros y exmiembros de la Fuerza Pública por tráfico ilegal de armas

Según las investigaciones, los hombres se habrían confabulado para extraer, modificar y expender elementos de uso exclusivo de las autoridades. La red criminal operaba desde depósitos oficiales en Bogotá y Zipaquirá.

Cinco personas, entre ellas tres funcionarios activos de la Policía Nacional y un sargento retirado del Ejército, deberán cumplir medidas de aseguramiento tras ser señaladas de integrar una red dedicada al tráfico ilegal de armas y municiones oficiales. La decisión fue adoptada por un juez de control de garantías luego de la imputación de cargos realizada por la Fiscalía General de la Nación el lunes 19 de mayo de 2025.

Los investigados, identificados como Jorge Alexander Pineda Ramírez, Jehicinio Ciro Cardona, Fabián Adrián Cuestas Beltrán, Carlos Felipe Rincón Veleta y Jorge Armando Torres Reyes, habrían participado en la extracción y modificación de armas, cartuchos y accesorios de uso oficial para su posterior venta clandestina. La Fiscalía documentó que la red alteraba registros y cambiaba la apariencia del material, facilitando su circulación ilegal.

Las capturas se efectuaron en diligencias conjuntas de la Fiscalía y la Policía Nacional en Bogotá y Zipaquirá, donde se incautaron 20 revólveres y pistolas, un rifle de alta precisión, una escopeta, dos mini uzi, un fusil, 51 proveedores, 33 cajas de munición, 3.460 cartuchos, cinco celulares, 152 millones de pesos y 1.105 dólares en efectivo.

El juez determinó que Carlos Felipe Rincón Veleta y Jorge Armando Torres Reyes permanecerán en un centro de reclusión militar, mientras que los otros tres procesados cumplirán la medida en sus lugares de residencia. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, así como utilización ilegal de uniformes e insignias y porte de armas de uso restringido, según el caso. Ninguno de los señalados aceptó los cargos.

Por último, la Fiscalía informó que la investigación continúa para establecer la posible participación de otros funcionarios y el destino final de las armas extraídas de los depósitos oficiales.