Tanto el Comité de Gremios Económicos del Tolima como la Cámara de Comercio del Huila hicieron un llamado a las partes a dirimir el conflicto, por su parte, el presidente Petro acusó a los manifestantes de estar respaldando los intereses de los latifundistas.
El paro arrocero completa ya 9 días sin solución a la vista luego del fracaso de todos los intentos por llegar a un acuerdo y el rechazo reiterado a las propuestas económicas del Gobierno Nacional para paliar la crisis.
Los manifestantes mantienen bloqueados varios de los corredores más importantes de los departamentos de Tolima, Huila, Cesar, Meta, Casanare y Norte de Santander, impactando negativamente en las dinámicas económicas de varias regiones donde ya empieza a denunciarse escasez de alimentos y alza indiscriminada en el precio de los productos.
Nidia Hernández, presidenta de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), una de las líderes gremiales más visibles durante este impase, ha denunciado que su sector pierde diariamente más de $1.600 millones y que, por cuenta de los 45 bloqueos mensuales que se presentaron el año pasado, perdieron 4 billones de pesos en lucro cesante.
La dirigente gremial también cuestionó la actitud distante del Gobierno Nacional, pues, hasta el momento solo ha enviado emisarios y ningún funcionario con capacidad de decisión.
“Están ayudando al terrateniente”
Durante el consejo de ministros televisado ayer lunes (10 de marzo de 2024), el presidente Gustavo Petro se refirió al tema, pero no en los términos que, tal vez esperaba Hernández. El mandatario aseguró que el paro era una acción contraria al objetivo buscado por los arroceros que llevan más de una semana apostados en las carreteras del país.
“Hay que comunicárselo a los pequeños campesinos, igual que estaban haciendo con los camioneros usándolos para bloquear una carretera para defender el precio de carga que mal paga al camionero pequeño (…) Aquí estamos viendo lo mismo: arroceros pequeños ayudando a bloquear carreteras y están ayudando al terrateniente y en contra de su propia lógica e interés”, dijo Petro.
En otro de los apartes de su discurso, el jefe de Estado lanzó unas fuertes acusaciones contra los empresarios del agro, concretamente el sector del arroz, señalándolos de estar vinculados a actividades ilegales.
“El alquiler que le entregan al poseedor de esa tierra que vaya a saber quién es, porque también se mezcla la renta cocainera. Entonces están matando la producción de arroz ya cuando la habíamos hecho crecer. Colombia debe ser un exportador de arroz porque el papel del país es alimentar al Mundo después de alimentar a su población. Y, por tanto, los pequeños y medianos arroceros, hasta ahí pueden recibir el apoyo del Estado, pero no lo grandes terratenientes”, comentó el presidente de la República.
Exigen pronta y definitiva solución a la crisis
Mientras Petro busca incentivar desde este flanco la lucha de clases, los empresarios del departamento del Tolima reclaman de las entidades del Estado mayor sensibilidad a la hora de abordar estas temáticas, pues, los estragos del paro ya empiezan a sentirse en la economía local.
“Nos hemos unido al llamado de productores, campesinos y demás actores de la cadena productiva para exigir que el Gobierno Nacional brinde una pronta y definitiva solución a la crisis que actualmente enfrentamos”, comentaron desde el Comité de Gremios Económicos del Tolima.
La Cámara de Comercio del Huila también hizo un pronunciamiento similar, haciendo énfasis en las pérdidas que hasta el momento reportan los sectores más importantes del tejido empresarial del departamento.
Lina Marcela Carrera, presidenta ejecutiva de la organización, aseguró que al día se pierden un poco más de $6.000 millones por los bloqueos, situación que según su percepción podría poner en riesgo la rentabilidad y patrimonio de sus agremiados.
Finalmente, a través de una carta, varios mandatarios departamentales solicitaron al Gobierno Nacional escuchar las peticiones de los empresarios del cereal, especialmente en lo referente al fondo de estabilización de precios y el incentivo al almacenamiento.
“Nos preocupa que no se encuentre pronta solución a las justas demandas de los productores de arroz, aunado a la difícil situación de orden público por la cooptación territorial ilícita de grupos armados al margen de la ley, quienes eventualmente ante la quiebra de los campesinos y productores arroceros, podrían aprovechar para promover con violencia las economías ilícitas”, puntualiza la misiva de nueve puntos firmada por los gobernadores de Córdoba, Chocó, Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, La Guajira y Nariño.
