La deuda del gobierno con las comercializadoras de energía ya supera los $2.8 billones y sigue en aumento, lo que pone en riesgo la seguridad energética de Colombia.
La Contraloría y la Procuraduría solicitaron al ministro de Minas, Andrés Camacho, información detallada sobre la situación actual del sector energético del país y el estado del pago de la deuda en subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Esta petición se da luego de la inasistencia del funcionario a una reunión con los gremios del sector y ante las reiteradas alertas sobre posibles apagones en Colombia.
En un documento enviado al ministro, se le exigió detallar los pagos efectuados a las empresas comercializadoras de energía por concepto de subsidios incluidos en las facturas de los estratos mencionados. Asimismo, se solicitó la presentación de un cuadro en formato Excel con información precisa hasta el 29 de enero de 2025, desglosando los subsidios causados en el último trimestre de 2024, los valores adeudados y la identificación de las resoluciones correspondientes.
Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la deuda del gobierno con estas empresas alcanza los $2.8 billones hasta enero de 2025 y sigue creciendo a un ritmo de $300.000 millones mensuales, comprometiendo la estabilidad financiera de las comercializadoras y, en consecuencia, la continuidad del servicio eléctrico en el país.
Exigen informe
Adicionalmente, los organismos de control pidieron al ministro Camacho un informe detallado sobre el avance de los proyectos eólicos en el departamento de La Guajira. Estas iniciativas son clave para evitar un posible apagón nacional, pero han enfrentado numerosos retrasos debido a problemas con las licencias ambientales. El informe debe incluir el nombre de cada proyecto, su estado actual (en construcción, operación, suspendido, entre otros), la empresa responsable, el porcentaje de ejecución de recursos y la fecha estimada para el inicio de entregas de energía.
El documento también enfatiza la necesidad de establecer incentivos para que los generadores de energía contraten directamente con los distribuidores, evitando así la volatilidad de precios y la dependencia de la bolsa de energía, lo que ha generado incrementos significativos en las tarifas para los consumidores.
Gobernadores preocupados
Recientemente, los gobernadores de la región Caribe enviaron una carta a los ministros de Minas y Hacienda expresando su preocupación por la crisis financiera de las empresas Air-e y Afinia, advirtiendo que esta situación pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico en la región.
“La falta de inversiones adecuadas, los problemas financieros de las empresas prestadoras del servicio y las deficiencias en la infraestructura eléctrica que por años se han presentado, ponen en riesgo la continuidad del suministro de energía”, detalla la carta.
En general, la deuda acumulada en subsidios de energía para los estratos más bajos, junto con el impago de entidades oficiales como hospitales y colegios, supera los $7 billones, lo que agrava la crisis financiera del sector y aumenta la amenaza de interrupciones en el servicio eléctrico en todo el país.
