Admiten demanda contra acto administrativo que creó la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz

La acción fue presentada el pasado mes de diciembre por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui y tiene como pretensión principal la nulidad del Decreto 2242 de 2022, el cual quedó suspendido provisionalmente.

A través de un comunicado de prensa publicado en su cuenta de Twitter, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, informó que la Sección Primera del Consejo de Estado admitió una demanda interpuesta por él contra del Decreto 2242 del 9 de diciembre de 2022.

Según ha trascendido, en la acción se solicita a los consejeros de Estado declarar la nulidad del decreto antes mencionado y que dio vida jurídica a la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, expedida teniendo como marco general la política pública de ‘paz total’ que busca llevar a cabo el Gobierno Petro.

Como se sabe, el Decreto demandado permite nombrar como Gestores de Paz a criminales condenados y con órdenes de captura vigente, lo cual ha permitido el excarcelamiento de varios miembros de la llamada ‘Primera Línea’, acusados de cometer varios delitos en el marco de las protestas ejecutadas durante el mandato de Iván Duque y que pusieron al país en jaque.

De igual forma, la Sección Primera del Consejo de Estado corrió traslado a las autoridades vinculadas al proceso: Presidencia de la Republica, Ministerio de Defensa, Ministerio Justicia, entre otros, para que se pronuncien sobre las pretensiones del demandante.

“En Colombia no hay Ministro de Defensa () El Gobierno está dispuesto a negociar con criminales pero no los persigue, sino que los exalta ofreciendo impunidad, como lo está planteando con la Primera Línea, disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN”, se lee en uno de los apartes del comunicado.

Como consecuencia de la admisión de la demanda y aceptación de la medida cautelar, el acto administrativo objeto de la acción queda suspendido de manera provisional, mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo.

“Esta acción permite buscar la reivindicación de los derechos de las víctimas de la sociedad civil y miembros de la Fuerza Pública que ha dejado uno de los capítulos más dolorosos de la historia: sangre y coca. Colombia merece una paz sin impunidad y con legalidad”, puntualiza el documento colgado en la red social del Congresista.