La violencia desatada en el Catatumbo ha provocado graves consecuencias para las comunidades, especialmente para los niños, quienes no han podido ir a clases.
Tras una reunión con autoridades locales y miembros de la sociedad civil, la Comisión Humanitaria Extraordinaria de la Procuraduría advirtió sobre la alarmante situación de violencia que afecta a las comunidades del Catatumbo.
Tras cuatro días de intensos enfrentamientos entre grupos armados criminales, los riesgos contra la vida y la integridad de los habitantes de la región persisten, lo que ha generado consecuencias devastadoras, especialmente para la población infantil.
Se destacó que alrededor de 46.000 niños y niñas no han podido iniciar su año escolar debido a las hostilidades, mientras que las cifras de desplazamiento forzado continúan en aumento.
Más de 10.000 personas han llegado a Cúcuta y 6000 más a Ocaña, en busca de refugio. De acuerdo con el procurador Gregorio Eljach Pacheco, más del 35 % de los desplazados son niños y adolescentes, lo que pone de manifiesto la magnitud del impacto del conflicto en la población más vulnerable.
El procurador también hizo un llamado de alerta sobre el alto riesgo que enfrentan las familias y los firmantes de paz que participan en el proceso de reincorporación en la vereda Caño Indio y otras zonas del departamento, que han sido declarados objetivos militares por el grupo armado ELN. Según la información recibida, seis firmantes de paz han sido asesinados hasta la fecha y varios más se encuentran desaparecidos.
Ante esta situación, la Procuraduría continuará su trabajo en el territorio con el objetivo de garantizar la plena vigencia del Estado de derecho y proteger los derechos humanos de los afectados por el conflicto armado.
