La Procuraduría manifestó que no hay un plan concreto en la intervención de la empresa Air-e, lo que pone en riesgo continuidad del servicio energético.
La Procuraduría expresó su enérgico rechazo ante la falta de un plan claro y estructurado para la intervención de la empresa Air-e, que, según lo anunciado, tiene fines de liquidación y administración temporal. En una reunión convocada de manera urgente, el organismo de control manifestó su preocupación por la ausencia de un plan concreto, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio y la estabilidad del sistema energético del país, especialmente en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, expuso su crítica hacia el proceso. Según Guerrero, hasta el momento no se ha presentado un cronograma definido ni un plan de acción claro para llevar a cabo la intervención de la empresa. «Es incomprensible que se ordene una intervención con fines de liquidación sin tener claro un horizonte de tiempo ni las acciones necesarias para resolver los problemas estructurales de la empresa», manifestó.
El procurador también subrayó que, sin un enfoque organizado, es incierto cómo se garantizará la continuidad del servicio de energía para los usuarios. En ese sentido, el ente de control solicitó al agente interventor de Air-e presentar un informe detallado que justifique la intervención y los fines de liquidación, además de los documentos que den cuenta de los desembolsos realizados desde el Fondo Empresarial, los cuales superan los 107 mil millones de pesos, para cubrir los pasivos y gastos actuales de la empresa.
Asimismo, la Procuraduría solicitó información sobre el cupo otorgado por el Fondo Nacional de Garantías para cubrir los compromisos de Air-e con los generadores de energía. La falta de claridad sobre estos puntos ha generado una creciente preocupación en torno a la viabilidad del proceso de intervención.
Como parte de las acciones de seguimiento, el Ministerio Público anunció que convocará una mesa de trabajo con representantes de varias entidades clave, incluidos el Ministerio de Minas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros. El objetivo de este espacio de colaboración será definir cómo se financiará la intervención, establecer los plazos correspondientes y concretar el plan de acción del gobierno nacional respecto a la empresa de energía.
La falta de un plan estructurado ha puesto en evidencia la urgencia de contar con una estrategia definida que asegure tanto la estabilidad del sistema energético como la correcta prestación del servicio a los usuarios, aspectos fundamentales para el bienestar de la población y el adecuado funcionamiento del sector.
