La Procuraduría sostuvo que es urgente realizar un cálculo adecuado de la Unidad de Pago por Capitación que tome en cuenta los estudios de diversos expertos en la materia y permita superar la grave situación del sistema de salud.
La procuradora delegada en asuntos de salud, Diana Ojeda, envió un oficio al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitando información detallada sobre el procedimiento que adelanta su cartera para fijar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondiente al año 2025. Este valor es clave para la financiación del sistema de salud en Colombia y su determinación se encuentra en el centro del debate debido a la crisis que atraviesa el sector.
En su comunicación, Ojeda enfatizó que es urgente realizar un cálculo «suficiente» de la UPC que tome en cuenta los estudios de diversos expertos en la materia y permita superar la grave situación del sistema de salud. La procuradora instó al Ministerio de Salud a cumplir con la normativa vigente para encontrar una solución viable a la crisis financiera y humanitaria que afecta a los colombianos.
La Procuraduría advirtió que el proceso de fijación de la UPC debe ser cuidadosamente estructurado y debe incluir elementos actuariales que consideren tanto los cambios demográficos como los epidemiológicos. Para ello, es fundamental que se utilicen datos representativos reportados por todas las Empresas Promotoras de Salud (EPS), además de realizar los ajustes necesarios por inflación y frecuencia.
Preocupación por la sostenibilidad del sistema de salud
En el oficio, la procuradora también manifestó la preocupación de la entidad que representa sobre la necesidad de encontrar un valor adecuado para la UPC, que no solo permita cubrir las necesidades de los colombianos, sino que también evite agravar la crisis que actualmente enfrenta el sistema de salud. La Procuraduría subrayó que, de no ser ajustado correctamente, el valor de la UPC podría profundizar la crisis en curso y afectar el acceso y calidad de los servicios de salud.
Asimismo, el ente de control solicitó al Ministerio de Salud que entregue los documentos y conceptos que incluyen los análisis y recomendaciones del grupo técnico encargado de asesorar la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud. Este grupo es el encargado de elaborar las bases para el cálculo de la UPC y, por tanto, su trabajo es fundamental para garantizar la transparencia y la efectividad del proceso.
Transparencia en el proceso de fijación de la UPC
La Procuraduría también pidió al ministerio que proporcione los nombres de los funcionarios que están participando en las sesiones donde se está discutiendo y concertando el valor de la UPC. Esta solicitud busca garantizar la transparencia del proceso y que las decisiones se tomen de manera clara y justificada, en un momento crítico para el sistema de salud en el país.
«Las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud han venido generando una crisis financiera y humanitaria que afecta la garantía de los derechos fundamentales a la salud de los colombianos», concluyó la Procuraduría, reiterando la necesidad de que se adopten medidas conforme a la normatividad vigente para resolver la difícil situación del sistema de salud.
En conclusión, la Procuraduría continúa vigilante del proceso de fijación de la UPC para 2025, con el objetivo de asegurar que los valores establecidos respondan a las necesidades reales del sistema y no agraven la situación de crisis que afecta tanto a las EPS como a los usuarios del sistema de salud en Colombia.
