De acuerdo con la líder opositora, el gobierno tenía conocimiento previo de estas afirmaciones y no actuó para desmentirlas a tiempo, lo que permitió que la información falsa generara un escándalo internacional.
La senadora María Fernanda Cabal denunció que el gobierno de Gustavo Petro tenía conocimiento previo sobre los hallazgos preliminares del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, en los que se mencionaba la supuesta existencia de 20.000 cadáveres sin identificar almacenados en un hangar del aeropuerto El Dorado en Bogotá.
A pesar de ello, aseguró que no se tomaron medidas para evitar la divulgación de esta información que calificó como falsa.
“Irresponsables, el supuesto informe de desaparecidos de la ONU en un hangar de El Dorado fue presentado al gobierno Petro, cancillería supo de esas conclusiones. ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué no hicieron nada para impedir que esa mentira fuera hecha pública? ¿Esta fue otra cortina de humo para distraer al país, pero esta vez usando un organismo internacional?”, escribió la senadora en su cuenta de X (antes Twitter).
La líder opositora también cuestionó por qué las entidades oficiales presentes en las reuniones con el Comité no desmintieron la información antes de su publicación oficial. Según ella, este episodio demuestra un patrón de negligencia o, peor aún, una estrategia deliberada para crear distracciones mediáticas.
Respuesta de la ONU
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en respuesta a una solicitud de aclaración de Cabal, explicó que la información sobre los 20.000 cadáveres fue presentada durante reuniones oficiales confidenciales con autoridades colombianas.
La ACNUDH aseguró que los hallazgos preliminares se compartieron con las instituciones del Estado colombiano el 4 de diciembre de 2024, un día antes de su divulgación pública, como parte de un protocolo diplomático estándar que permite corregir errores.
“La trágica situación de los cadáveres y restos humanos sin identificar y su almacenamiento inadecuado se planteó repetidamente durante la visita por todo el país, incluso por parte de fuentes oficiales”, afirmó la organización en su comunicado. No obstante, indicó que las autoridades colombianas no hicieron ningún comentario sobre los 20.000 cuerpos mencionados, lo que permitió que esa información se incluyera en los hallazgos preliminares.
Es de recordar que el pasado 19 de diciembre, la senadora Cabal expresó su inconformidad con la falta de acción del gobierno frente a la información sobre los 20.000 cuerpos. “Le pregunté a Medicina Legal, al Ministerio de Justicia, al DAPRE y a la Oficina del Comisionado de Paz por el informe del Comité contra la Desaparición Forzada a ver quién había entregado la información de los 20 mil cuerpos en un hangar de El Dorado en Bogotá y no tienen idea. ¿Por qué se reunieron y cómo no evitaron que se publicara un informe falso?”, cuestionó.
Posteriormente, radicó la solicitud formal de rectificación al Comité, señalando que la divulgación de este tipo de datos no solo afecta la imagen internacional de Colombia, sino que también mina la confianza en los organismos multilaterales y en las propias instituciones del país.
Contexto del informe preliminar
El Comité contra la Desaparición Forzada visitó Colombia entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre de 2024. Durante su estancia, sostuvo reuniones con más de 80 autoridades y visitó varios departamentos del país, recogiendo testimonios sobre desapariciones forzadas y el manejo de cadáveres no identificados.
Según el organismo, la información recibida provino de fuentes oficiales y organizaciones civiles, aunque aclararon que no tienen facultades para realizar investigaciones penales.
Tras la publicación del informe preliminar, las autoridades colombianas verificaron la afirmación sobre los cadáveres en El Dorado y concluyeron que no era cierta. La ACNUDH destacó esta reacción inmediata, pero subrayó la necesidad de abordar las demás preocupaciones identificadas durante su visita.
Implicaciones futuras
El caso ha generado un intenso debate en Colombia. Para Cabal, este episodio refleja una combinación de negligencia y oportunismo por parte del gobierno de Gustavo Petro. “Les gusta el show, pero el costo de su irresponsabilidad es la credibilidad del país”, afirmó la senadora.
El informe final del Comité se publicará en abril de 2025, lo que podría reavivar las tensiones entre el gobierno y los sectores políticos críticos. Mientras tanto, este incidente pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de verificación de información entre el Estado y los organismos internacionales para evitar nuevos episodios de desinformación que afecten la imagen y confianza en las instituciones.
