Emilio Archila, exalto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, sostuvo que la ausencia del Estado en zona rural ha permitido que los grupos criminales fortalezcan su accionar.
La violencia que afecta a campesinos y ganaderos en Colombia no es un fenómeno nuevo. Se concentra en las mismas regiones que han sufrido por décadas: zonas dispersas, alejadas de los centros urbanos, donde el abandono estatal ha permitido que los grupos criminales ejerzan su dominio. Emilio Archila, exalto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, señaló que el reto sigue siendo la presencia efectiva del Estado en estos territorios, especialmente en los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
«Es evidente que la violencia se origina en las zonas en donde siempre ha venido ocurriendo. Las regiones PDET son extremadamente dispersas; los habitantes deben viajar hasta cinco horas para llegar a un casco urbano. Esto facilita que los criminales se tomen el territorio», explicó Archila. Además, enfatizó que no se trata de una violencia con tintes políticos, sino de actos perpetrados por delincuentes que actúan con brutalidad.
Según Archila, la solución pasa por asegurar la continuidad de las políticas y estrategias que permitieron avances durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Interrumpir estos esfuerzos podría significar un retroceso en el control del territorio por parte del Estado y en la protección de las comunidades afectadas.
Cuatro pilares para combatir la violencia rural
Archila plantea una estrategia basada en cuatro pilares fundamentales; el primero es la continuidad en la implementación de los acuerdos de paz. En este aspecto, considera crucial mantener los avances en temas de atención a víctimas, reincorporación de excombatientes, sustitución de cultivos ilícitos y el desarrollo de planes con enfoque territorial. Esto permitirá, según él, una mayor presencia estatal y generará confianza en las comunidades.
También se refirió al fortalecimiento de la inteligencia del Estado ya que, sin un aparato de inteligencia efectivo, el control de estas regiones por parte de grupos criminales será difícil de desarticular.
Otro de los puntos a los que se refirió fue al del fortalecimiento de la Fiscalía; de acuerdo con Archila, las capacidades operativas del ente acusador deben optimizarse y funcionar con eficiencia en las zonas más afectadas. Resaltó la importancia de que la Fiscalía trabaje de manera coordinada con otras instituciones, como lo ha señalado también José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
Finalmente, habló de la colaboración efectiva entre las instituciones de seguridad, justicia y desarrollo es esencial para garantizar una presencia integral del Estado y consolidar la paz en estos territorios.
Garantizar seguridad y desarrollo
La violencia rural no solo afecta a los campesinos y ganaderos, sino que impacta el desarrollo económico y social del país. La falta de seguridad dificulta la inversión, limita el acceso a servicios públicos y perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión.
Archila advirtió que, si el Estado no llega con fuerza a estas regiones, los grupos criminales continuarán ejerciendo control y generando violencia. La clave está en no empezar de cero, sino mantener y fortalecer los esfuerzos existentes. “Es una cuestión de persistencia y de compromiso con las comunidades rurales”, concluyó.
La solución a la violencia rural requiere, en última instancia, una política de Estado que trascienda los gobiernos y garantice seguridad, justicia y oportunidades de desarrollo para los habitantes de las zonas más afectadas del país.
