Entre los cambios destacados se encuentran la eliminación del principio de “permanencia agraria”, la reversión de la carga de la prueba, y la limitación de las competencias de la Jurisdicción Agraria para evitar interferencias con otras áreas del derecho. Además, se suprimieron las facultades extraordinarias al presidente y se garantizó que los procesos de extinción del dominio agrario incluyan una fase judicial.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal se consolidó como una figura determinante en el debate legislativo del Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria.
Durante una mesa técnica que reunió a diversos congresistas, Cabal impulsó significativos cambios al polémico artículo 5, eliminando disposiciones que, según afirmó, contenían una marcada carga ideológica y amenazaban el equilibrio jurídico del país.
La líder opositora manifestó su preocupación sobre el riesgo que representaban varios principios incluidos en el proyecto original para la propiedad privada en las zonas rurales.
Uno de los puntos más controversiales fue el principio de “permanencia agraria”, que, según explicó, ponía en riesgo los derechos de los propietarios legítimos de la tierra. Este principio fue eliminado tras las reformas propuestas.
“El texto inicial comprometía el adecuado funcionamiento de la justicia agraria y generaba conflictos con otras ramas del derecho, como el civil, el comercial y el laboral”, señaló durante su intervención en el Senado. Entre las modificaciones logradas, se limitó la competencia de la Jurisdicción Agraria para evitar que invadiera áreas propias del derecho ordinario.
Principales logros en las modificaciones
La mesa técnica, liderada por Cabal, introdujo ajustes en más de ocho principios del proyecto de ley, permitiendo un enfoque más neutral y funcional. Entre los cambios más destacados se encuentran:
- Modificación de principios rectores: el artículo 5, plagado de elementos ideológicos según Cabal, fue revisado para garantizar un enfoque más equilibrado.
- Competencias claras y delimitadas: se logró que la Jurisdicción Agraria se concentre exclusivamente en asuntos relacionados con la posesión, ocupación y tenencia de la propiedad rural, como ordena el Acuerdo de La Habana, evitando superposiciones con el derecho administrativo, comercial y laboral.
- Reversión de la inversión de la carga de la prueba: el artículo 34, que establecía una presunción de veracidad en favor de la parte considerada “débil”, fue modificado. Este punto, según Cabal, afectaba la imparcialidad de los procesos judiciales.
- Eliminación del principio de “permanencia agraria”: este concepto fue suprimido para proteger los derechos de los productores agrarios que utilizan la tierra con fines productivos.
- Supresión de facultades extraordinarias al presidente: se removieron las disposiciones que otorgaban al Ejecutivo poderes adicionales en temas agrarios.
- Revisión de la competencia de la Agencia Nacional de Tierras: los procesos de extinción del dominio agrario requerirán ahora una fase judicial, garantizando mayor transparencia.
Enfoque en la justicia pronta y eficiente
La senadora destacó que las reformas buscan garantizar una justicia agraria eficiente y despolitizada.
“Este proyecto debe atender realmente los principios de justicia pronta y eficiente, protegiendo los derechos sobre el uso, tenencia y posesión de la tierra, sin caer en ideologismos que entorpezcan su implementación”, afirmó.
Cabal también insistió en la importancia de garantizar que las disposiciones sobre posesión agraria respeten los derechos de quienes ocupan tierras con fines productivos, priorizando un enfoque que promueva el desarrollo rural y el respeto por el ciclo biológico de las actividades agrícolas.
Un camino hacia el último debate
El proyecto de ley, con las modificaciones impulsadas, ahora avanza hacia su último debate en el Congreso. Sin embargo, Cabal aseguró que continuará trabajando para perfeccionar los aspectos restantes del texto legislativo.
La senadora resaltó que la aprobación de una Jurisdicción Agraria funcional es esencial para resolver conflictos históricos en el campo colombiano, pero advirtió sobre los peligros de un marco normativo que, sin las debidas correcciones, podría generar mayores tensiones en el sector rural.
