A pesar de las detalladas confesiones que señalan a altos funcionarios del gobierno nacional, la Fiscalía aún no ha realizado imputaciones formales contra los principales implicados.
Luego de ocho meses de que Olmedo López y Sneyder Pinilla revelaran el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), bajo el gobierno de Gustavo Petro, la Fiscalía, a cargo de Luz Adriana Camargo Garzón, aún no ha realizado las imputaciones formales contra los principales implicados: el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Un informe del portal La Silla Vacía detalló que la fiscal encargada del caso, María Cristina Patiño, fue designada directamente por la fiscal general Luz Adriana Camargo. No obstante, a pesar de la pérdida de fuero de los implicados tras sus renuncias, la Fiscalía aún no presenta acusaciones ante la justicia ordinaria. Este ritmo lento contrasta con el avance de la Corte Suprema de Justicia, que en menos de cuatro meses ya llamó a indagatoria a seis congresistas vinculados con los sobornos.
Un “cónclave” de corrupción
El 27 de noviembre de 2023 en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se llevó a cabo un encuentro, apodado por los testigos como el “cónclave”, en el que participaron Olmedo López, Ricardo Bonilla (entonces ministro de Hacienda), Luis Fernando Velasco (entonces ministro del Interior) y Carlos Ramón González (director del Dapre en ese momento). Según López y Pinilla, fue en esta reunión en la que se acordó la estrategia para ofrecer sobornos a congresistas a cambio de aprobar las reformas gubernamentales.
Las acusaciones contra los implicados han sido reforzadas con chats, documentos, videos y testimonios de exasesores. Por ejemplo, la exasesora de Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, confirmó que el entonces ministro de Hacienda estaba al tanto y autorizó el direccionamiento de 92 mil millones de pesos en contratos para comprar votos en el Congreso. Además, López presentó pruebas de reuniones coordinadas por Velasco con el senador Julio Chagüi para gestionar contratos a dedo.
El principio de oportunidad: una clave sin respuesta
López y Pinilla han ofrecido más pruebas a cambio de un principio de oportunidad, que les permitiría inmunidad parcial a cambio de colaboración. Sin embargo, la fiscal Camargo no ha dado luz verde a este acuerdo. En lugar de ello, se considera un preacuerdo menos ventajoso para obtener información adicional contra los exfuncionarios del gabinete.
Esta falta de decisión preocupa a la defensa de López, quien cuestiona por qué la Fiscalía no ha actuado aún con la información disponible. El abogado penalista Fabio Humar califica la situación como un caso excepcionalmente claro donde, sin embargo, “no pasa nada”.
Presiones y expectativas
La Corte Suprema y el Colegio de Abogados Penalistas observan con inquietud la lentitud de la Fiscalía. Francisco Bernate, presidente del Colegio, señala que las pruebas son suficientes para imputar delitos como tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Desde la Corte Suprema, magistrados expresan su molestia por los avances desiguales entre su investigación y la del ente acusador.
Este caso representa una prueba de fuego para la independencia de la Fiscalía y de su titular, Luz Adriana Camargo, quien enfrenta otros procesos sensibles, como el de Nicolás Petro, hijo del presidente. La demora en las imputaciones y el manejo del principio de oportunidad incrementan las sospechas de favorecimiento político y ponen en juego la credibilidad de la justicia en un escándalo que sacude los cimientos del gobierno de Gustavo Petro.
Lea acá el informe completo de La Silla Vacía: https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/fiscalia-de-camargo-va-a-paso-lento-con-imputacion-del-gabinete-de-petro/
