Pese a la asignación de recursos para el cumplimiento de los acuerdos de paz, especialmente para la Reforma Rural Integral, no se han logrado cambios estructurales en las regiones y zonas rurales del país, informó la Contraloría.
A ocho años de la firma del Acuerdo Final de Paz, el 24 de noviembre de 2016, su implementación presenta rezagos significativos en términos de resultados, gestión y recursos, según el informe presentado por la Contraloría General de la República. “El Estado no ha respondido con la debida celeridad y efectividad”, afirmó el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra al exponer un balance sobre el uso de los recursos destinados a este proceso.
Sin cambios estructurales
Aunque se han asignado recursos para la implementación del Acuerdo, especialmente en el Punto 1 sobre Reforma Rural Integral, el impacto en las regiones sigue siendo limitado. Ni siquiera los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han experimentado transformaciones significativas. La Contraloría señaló que una ejecución desarticulada ha comprometido la eficacia y eficiencia del gasto público.
“El ritmo de asignaciones mejoró desde 2021, pero es fundamental aumentar la calidad del gasto para responder a las necesidades de los territorios y comunidades”, enfatizó Rodríguez. Además, destacó la necesidad de garantizar un acceso equitativo a fuentes de financiación como el OCAD Paz y el mecanismo de Obras por Impuestos, evitando prácticas que favorezcan a ciertos actores.
Resultados preocupantes en control fiscal
Entre 2018 y el primer semestre de 2024, la Contraloría realizó 142 ejercicios de control fiscal, detectando 511 hallazgos administrativos, de los cuales 102 tienen impacto fiscal por $141 mil millones. Además, se identificaron 262 hallazgos con posible connotación disciplinaria, 10 hallazgos con presunta incidencia penal y 16 casos remitidos para indagación preliminar.
En el caso de la Política Pública de Víctimas, entre 2023 y 2024 se identificaron 183 hallazgos administrativos, 37 con incidencia fiscal que podrían representar un detrimento patrimonial de $27.767 millones y 133 hallazgos disciplinarios y 4 con incidencia penal.
Actualmente, hay 57 procesos de Responsabilidad Fiscal en curso, relacionados con entidades del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), por un valor de $43.681 millones.
Avances limitados en la Reforma Rural Integral
Uno de los puntos más críticos del informe es el avance en la Reforma Rural Integral. En 2023, 111 municipios iniciaron la implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, lo que equivale al 10 % de los municipios del país.
Solo el 12 % de estos municipios avanzaron hasta la etapa final, lo que representa el 1.2 % del total nacional.
En cuanto al Fondo de Tierras, acumuló 2.425.404 hectáreas hasta el primer semestre de 2024, pero solo el 2 (40.512 hectáreas) han sido caracterizadas. Además, de los 3 millones de hectáreas comprometidas en el Acuerdo Final, únicamente 18.201 hectáreas han sido entregadas, lo que equivale al 2.1 %.
