La decisión judicial que afecta a Cristina Fernández de Kirchner se origina en un proceso por presunta administración fraudulenta de fondos públicos.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó la sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por administración fraudulenta de fondos públicos en el caso conocido como “Vialidad”. Esta causa investiga irregularidades en la adjudicación de obras viales a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la provincia de Santa Cruz.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 había encontrado culpable a Fernández de administrar fraudulentamente recursos públicos, aunque la absolvió del cargo de asociación ilícita. La Cámara de Casación rechazó los recursos de la fiscalía y de la defensa, ratificando la pena original y las absoluciones decididas por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
A pesar de la confirmación, la expresidenta aún no irá a prisión debido a que las instancias judiciales de revisión no se han agotado. Según el Código Procesal Penal Federal, la sentencia se ejecutará únicamente cuando la Corte Suprema de Justicia desestime el último recurso de apelación, lo cual podría demorar años. Además, por su avanzada edad, Fernández podría solicitar cumplir la condena en su domicilio.
La sentencia también ordena el decomiso de 84.835 millones de pesos en activos obtenidos ilícitamente, cifra que será actualizada al momento de ejecución una vez que el fallo quede firme. Este monto corresponde a recursos involucrados en la administración fraudulenta, señalando el impacto económico de las irregularidades en la obra pública.
Otros condenados
Además de la expresidenta, el fallo ratificó condenas a otros implicados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, quien actualmente cumple prisión domiciliaria. Báez fue hallado responsable del direccionamiento de contratos de obra pública hacia su empresa, Austral Construcciones. La Casación también confirmó condenas a otros exfuncionarios del gobierno kirchnerista, como Julio De Vido, quien fue absuelto junto a otros involucrados en la causa, mientras que el secretario de Obras Públicas Abel Fatala, presente en la lectura de la sentencia, también fue exonerado.
La resolución tiene posibles repercusiones políticas adicionales para Fernández, quien, si prospera en el Congreso la ley de “ficha limpia”, no podría postularse para futuros cargos debido a la inhabilitación perpetua ratificada en esta sentencia. La decisión también marca un precedente en la lucha contra la corrupción en Argentina, generando un debate sobre el impacto de las decisiones judiciales en la política.
El caso “Vialidad”, de larga trayectoria en los tribunales, da un paso hacia su cierre definitivo, aunque la sentencia aún podría enfrentarse a nuevas apelaciones y acciones legales. Sin embargo, la ratificación de la condena representa un hito relevante tanto en el ámbito judicial como en la esfera política argentina.
