La Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento de amenazas y discriminación que afectan la libertad confesional de los colombianos.
Un preocupante incremento en las violaciones a la libertad religiosa fue reportado por la Defensoría del Pueblo en Colombia. Según cifras recientes de la entidad, entre enero y septiembre de 2024, las conductas que atentan contra el derecho a la libertad religiosa aumentaron un 31 % en comparación con el año anterior. Los casos reportados pasaron de 13 en 2023 a 17 en 2024. Entre las formas de agresión que mostraron el mayor aumento están el trato discriminatorio hacia distintas iglesias y confesiones religiosas, así como amenazas de muerte dirigidas a líderes y autoridades religiosas. Particularmente, las amenazas de muerte se incrementaron en un 50 %, pasando de cuatro casos en 2023 a ocho en 2024.
Robinson de Jesús Chaverra Tripton, vicedefensor del Pueblo, subrayó la importancia de la neutralidad del Estado en asuntos religiosos, en un país donde la población mayoritaria es católica pero que, a su vez, garantiza la igualdad de todas las creencias en el marco constitucional. Según Chaverra, el Estado colombiano tiene el deber de mantener una postura imparcial y no debe favorecer ni perjudicar a ninguna religión, ya que todas gozan de los mismos derechos y son iguales ante la ley. Esta disposición, explicó, es una fórmula para asegurar la convivencia pacífica en un país con una creciente diversidad religiosa.
No obstante, y pese a los avances normativos e institucionales, persisten conductas que vulneran la libertad de culto, especialmente hacia las minorías religiosas. Este aumento de denuncias evidencia, según la Defensoría, la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección a quienes se ven afectados por la intolerancia religiosa y la violencia. Las minorías religiosas, en particular, han sido las más perjudicadas, lo que resalta la urgencia de un monitoreo más riguroso y una respuesta institucional efectiva.
Así las cosas, la entidad vigilante de los derechos humanos hizo un llamado al gobierno nacional para que brinde atención prioritaria a los líderes religiosos, quienes son especialmente vulnerables en contextos de conflicto. Muchos de ellos enfrentan amenazas, hostigamiento y desplazamiento por parte de grupos armados ilegales en áreas de conflicto o disputas urbanas, debido a su labor de apoyo a las comunidades. La entidad solicita que esta población sea reintegrada en el ‘Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades’, del que fueron excluidos en 2023 mediante el Decreto 1285 del Ministerio del Interior. En un país marcado por la violencia, la actividad religiosa se ha convertido en una labor de riesgo, y la Defensoría urge a que se establezcan protocolos de protección adecuados.
En el contexto actual, la Defensoría del Pueblo reitera la importancia de garantizar el derecho a la libertad religiosa en todas las regiones del país y proteger a quienes lo ejercen. Con una situación de violencia latente en Colombia, el llamado de la entidad es a una acción estatal que promueva la seguridad y el respeto hacia todas las confesiones y sus líderes, en favor de una sociedad que abrace la diversidad religiosa como parte esencial de su convivencia.
https://twitter.com/DefensoriaCol/status/1851758390768177503
