El Ministerio Público critica el “silencio inexplicable” de la magistrada Julieta Lemaitre en torno a la restricción de acreditación de nuevas víctimas, lo que vulnera sus derechos.
La Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió sobre posibles acciones disciplinarias y constitucionales en contra de la magistrada Julieta Lemaitre, encargada del macrocaso sobre secuestros cometidos por las FARC. Según el Ministerio Público, el equipo de Lemaitre ha ignorado reiteradas solicitudes para ajustar el procedimiento en la imputación de delitos a excombatientes y en la participación de las víctimas.
En un extenso escrito, el delegado de la Procuraduría cuestionó la decisión de Lemaitre y su equipo de realizar un traslado conjunto de los escritos de imputación tanto a víctimas como a excombatientes. Según el Ministerio Público, este enfoque impide que las víctimas tengan una posición final después de que los excombatientes se pronuncien sobre los hechos, lo cual genera un riesgo en términos de garantías procesales. El delegado considera esencial que, en primer lugar, los excombatientes reconozcan o no su responsabilidad antes de que las víctimas puedan expresar su opinión sobre la veracidad y adecuación de las respuestas.
El documento de la Procuraduría señala, además, una serie de solicitudes pendientes por resolver en el caso del Comando Conjunto Central de las FARC, entre otros excomandantes imputados, lo cual, afirma el delegado, entorpece el avance del proceso y afecta la efectividad de la tutela judicial de las víctimas. “La Sala no solo ha sido renuente a dar respuesta a la solicitud de modificar los términos en los que se está surtiendo este traslado, sino que persiste en realizarlo del modo anteriormente descrito”, se lee en el documento de la Procuraduría, en el que se expresa la intención de proceder con acciones disciplinarias.
Asimismo, la Procuraduría denunció el “silencio inexplicable” de la magistratura en torno a la petición de revocar la decisión que restringe la posibilidad de acreditación de nuevas víctimas después de emitidas las imputaciones. Según el delegado, esta negativa no solo vulnera los derechos de participación de las víctimas, sino que además establece un trato desigual en comparación con otros macrocasos de la JEP, en los cuales las víctimas pueden ingresar al proceso en cualquier momento. “Es un inadmisible obstáculo al acceso de las víctimas a una tutela judicial efectiva. Impresiona tanto desdén con las víctimas”, asegura el documento.
El procurador delegado, Jairo Acosta, enfatizó en la importancia de que la JEP cumpla con el principio de centralidad de las víctimas, permitiendo su acreditación y acceso a derechos como el acompañamiento psicológico. Acosta reiteró la solicitud para que se retome de inmediato el proceso de acreditación de nuevas víctimas de delitos presuntamente cometidos por el Bloque Noroccidental de las FARC y otros excombatientes que corresponden a este caso.
Este enfrentamiento entre la Procuraduría y la magistratura de la JEP revela la tensión en torno a la aplicación de justicia transicional en Colombia, donde garantizar los derechos de las víctimas y establecer la responsabilidad de los actores involucrados sigue siendo un desafío clave para alcanzar una paz reparadora.
