Un informe reciente reveló que casi la mitad de la flota aérea de la Policía Nacional está inactiva, poniendo en evidencia graves falencias de mantenimiento y falta de repuestos. La congresista cuestionó el impacto de esta situación en la seguridad nacional, en un contexto en el que el país ha enfrentado accidentes mortales y problemas de operatividad en zonas de alto riesgo.
La capacidad operativa de la flota aérea de la Policía Nacional en Colombia se encuentra en una situación alarmante que levanta interrogantes sobre la seguridad y la efectividad de la Fuerza Pública.
Con un 44 % de las aeronaves fuera de operación, la senadora María Fernanda Cabal ha cuestionado duramente el estado actual de los recursos logísticos destinados a proteger a los ciudadanos.
En un reciente trino, la líder opositora expresó su preocupación sobre el tema: “La flota aérea de la Policía tiene 109 aeronaves de diferentes tipos. Según informa BLU radio, el 44 % de estas están en tierra principalmente porque requieren repuestos, y otras por mantenimiento. ¿Cómo es posible que acaben así con la capacidad de la Fuerza Pública?”, planteando una inquietante pregunta que, a juicio de la senadora, debería ser atendida de inmediato por el gobierno.
Un panorama desalentador
El informe conocido por Blu Radio revela que, de las 109 aeronaves de la Policía Nacional, 48 están fuera de operación. Este grupo incluye 35 helicópteros y 26 aviones que sí están activos, pero que representan solo el 56 % y el 50,9 % de la flota de cada tipo, respectivamente.
La situación empeora cuando se analiza el estado de los helicópteros, de los cuales apenas 35 se encuentran activos, mientras que 18 están en mantenimiento y 8 permanecen en tierra en espera de repuestos esenciales. La situación en los aviones no es mejor, con 7 aeronaves en mantenimiento y 18 detenidas por falta de repuestos.
Esta precariedad contrasta con el contrato de 23.000 millones de pesos asignado en 2024 para el mantenimiento de la flota. Sin embargo, casi la totalidad de estos recursos ya están comprometidos, restando apenas 141 millones para el mantenimiento pendiente.
La escasez de recursos, aun con una partida destinada, pone en tela de juicio la capacidad del Gobierno para garantizar el soporte logístico necesario en momentos en que el país enfrenta problemas críticos de orden público y seguridad.
Accidentes que ponen en duda la gestión del Gobierno
La situación de deterioro no es nueva, y varios accidentes recientes han resaltado los peligros que enfrentan los tripulantes de estas aeronaves.
En febrero de 2024, un helicóptero Black Hawk, identificado con la matrícula PNC 0614 y perteneciente a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, desapareció mientras cubría una ruta entre Medellín y Tuluá para ser sometido a mantenimiento. El helicóptero fue encontrado en Caramanta, Antioquia, y el incidente trágico dejó un saldo de cuatro uniformados fallecidos.
Otros accidentes han ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro. En marzo de 2023, un helicóptero se estrelló en el barrio Niño Jesús de Quibdó, Chocó, causando la muerte de cuatro tripulantes. Posteriormente, en octubre de 2023, un helicóptero MI 17 del Ejército Nacional se desplomó en la zona rural de Anorí, Antioquia, dejando siete heridos. El 5 de febrero de 2024, otro Black Hawk se estrelló en la región de Urabá, en la frontera con Panamá, mientras realizaba una misión de abastecimiento.
Estos accidentes no solo reflejan la alta demanda operativa de la flota aérea de la Fuerza Pública, sino también los riesgos a los que se ven expuestos sus integrantes debido al aparente abandono de estos recursos vitales.
Impacto en la seguridad nacional
La pregunta de la senadora Cabal sobre el estado actual de la flota aérea no es menor, pues toca una de las áreas más sensibles de la seguridad pública. La falta de aeronaves operativas reduce la capacidad de reacción ante emergencias, dificultando tareas esenciales como la lucha contra el narcotráfico, el control de áreas críticas en términos de orden público y el abastecimiento de tropas en zonas rurales aisladas.
En un país con desafíos geográficos y de seguridad tan complejos como Colombia, disponer de una flota aérea funcional no solo es un requisito, sino una necesidad para mantener la soberanía y proteger a los ciudadanos.
El déficit de aeronaves operativas también plantea un riesgo de respuesta insuficiente ante emergencias naturales o situaciones de orden público de gran magnitud, como protestas y bloqueos en territorios remotos.
En palabras de Cabal, la pregunta sobre “cómo es posible que acaben así con la capacidad de la Fuerza Pública” apunta directamente a la administración actual y su responsabilidad en la protección y gestión de los recursos de la Policía Nacional.
¿Falta de presupuesto o gestión ineficiente?
Aunque la Policía Nacional cuenta con contratos y recursos destinados a la reparación y mantenimiento de su flota, la cantidad disponible para completar estos trabajos parece ser insuficiente. Con un remanente de apenas 141 millones de pesos para el resto del año, es evidente que los recursos se han agotado rápidamente, dejando a la institución en una situación crítica para cumplir con sus compromisos de seguridad y servicio a la comunidad.
La congresista Cabal y otros líderes de la oposición argumentan que la problemática va más allá de la falta de recursos y se centra en la administración ineficiente de los mismos, apuntando que la actual gestión no ha priorizado adecuadamente la seguridad del país.
