La negativa de la JEP a aclarar el número de víctimas revive el debate sobre la manipulación que ha ejercido la izquierda para hacer política con supuestas cifras que tienen que ver con el conflicto armado en Colombia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no emitirá un comunicado aclarando que la cifra de 6.402 ‘falsos positivos’ no es real y que no existen las pruebas que las respalden. Luego de recibir respuesta de un derecho de petición, Ariel Ricardo Armel, influenciador político y ganadero, aseguró que el pasado 22 de agosto la JEP le confirmó que solo cuenta con un «universo provisional de datos» y que, hasta la fecha, no se ha logrado ninguna condena en relación con estos crímenes.
Así las cosas, Armel le solicitó a la JEP que emitiera un comunicado para informarle al país que no existen pruebas de los 6.402 ‘falsos positivos’, pero la entidad se negó a hacerlo. Ante esta negativa, anunció su intención de presentar una acción de tutela para obligar a la JEP a comunicar la situación al público.
Instrumentalizado el dolor de las víctimas
Luego de que la JEP confirmara que no hay una cifra oficial de ‘falsos positivos’, Ariel RicardoArmel utilizó sus redes sociales para hacer pública la información, generando un revuelo nacional. En sus declaraciones, criticó a la izquierda por haber utilizado la cifra de 6.402 ‘falsos positivos’ durante años como un arma política, afectando la reputación del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del Ejército colombiano. «La izquierda ha instrumentalizado el dolor de las víctimas para hacer política», afirmó.
Cabe destacar que Armel enfatizó que afirmar que no existen 6.402 ‘falsos positivos’ no implica que se nieguen los hechos de violencia registrados. «Es fundamental que todos los colombianos conozcan la verdad sobre este oscuro capítulo de la historia colombiana», subrayó.
La negativa de la JEP a aclarar el número de víctimas ha reavivado el debate sobre la manipulación política de las cifras relacionadas con el conflicto armado en Colombia. Muchos críticos han señalado que el uso de estas cifras puede distorsionar la memoria histórica y las luchas por la justicia de las víctimas.
