Las facultades otorgadas al Ministerio de Medioambiente para declarar zonas de reserva, suspender hasta por 20 años las actividades y hasta liquidar los contractos en ejecución, afectó el interés de los empresarios por la minería.
A pesar de que el Decreto 044 de Ministerio del Medio Ambiente fue expedido el pasado 30 de enero, los efectos negativos que varias organizaciones vaticinaron, empiezan a sentirse en todo el sector.
Según cifras de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) el país ha dejado de ser atractivo para los inversores, ya que, en lo corrido del año, el monto total de la Inversión Extranjera Directa (IED) para la producción de petróleo y la minería como tal, ha caído cerca del 28%.
Uno de los motivos principales de esta disminución en la inversión, según Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, tiene que ver con las facultades que el mencionado Decreto le otorga al Ministerio de Medioambiente para declarar zonas de reserva a discreción, incluso si sobre tales terrenos hay contratos firmados, vigentes y en operación.
De acuerdo con Nariño, esta posibilidad “vulnera la participación ambiental al declarar reservas temporales sin participación ciudadana y sin los estudios y la cartografía que ordena el Código de Minas y el Consejo de Estado y desconoce la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales – CARs pues las deja por fuera de la toma de decisiones sobre esta materia”.
Yendo más allá, el dirigente gremial fue enfático en que las operaciones mineras tenderán a cero mientras no haya claridad sobre las ‘declaratorias temporales’ y el procedimiento que debe seguirse para tomar tal decisión.
“Esto deja al sector minero en una alta incertidumbre y sujeto a una parálisis por 5, 10, 20 o incluso muchos años más. […] El decreto no te dice en qué se faculta al Ministerio para reservar el área y suspender la actividad minera, mientras se hacen los estudios y se consulta a las comunidades y corporaciones autónomas”, explicó Juan camilo Nariño.
Finalmente, advierte que Antioquia sería uno de los entes territoriales más afectados con la puesta en marcha de la política proteccionistas del gobierno de Gustavo Petro, pues, en la actualidad más de 2.000 personas subsisten gracias a la actividad extractiva que significa el 3,2% de PIB nacional y más de 60% de las exportaciones que registra el departamento.
