Por Rafael Nieto Loaiza
Reconozco la enorme dificultad para no escribir en reacción a la larga cantidad de despropósitos que Petro dice y hace un día sí y el otro también. A veces por su verborrea, a veces porque es un embaucador de pueblo, un charlatán, a veces porque por estos días aflora una y otra vez su extremismo ideológico, su fanatismo, Petro impone la agenda de discusión pública. Esta semana, por ejemplo, habría que comentar el chiste malo de la actualización de la lista de oficios y ocupaciones del acuerdo 10 del SENA (la de los gigolós, prostitutas, quirománticos, etc) y sus temibles consecuencias para las empresas, el vergonzoso abrazo con Mancuso y su desprecio por la justicia y las víctimas, la circular sobre niños transgénero de la Supersalud, o la delirante propuesta de volver a Ecopetrol una empresa de inteligencia artificial. Cualquiera de esos asuntos amerita una columna.
Intentaré hoy, sin embargo, volver sobre lo fundamental y sugerir algunas ideas para quienes defendemos la democracia y el estado de derecho y, en consecuencia, estamos en la oposición.
Cuatro tareas fundamentales tenemos. Una, hacer una oposición más profunda, sistemática y efectiva. Dos, construir los acuerdos para asegurar el paso a segunda vuelta de un candidato de verdadera oposición y con ello la victoria en el 2026. Tres, preparar la agenda de gobierno para la reconstrucción de Colombia. Petro nos va a dejar el país en ruinas. Finalmente, pero incluso más importante, alistarnos para derrotar a Petro en la eventualidad de que intente un autogolpe.
Petro lleva desde abril, como mínimo, coqueteando con el autogolpe. Tiene cuatro maneras de darlo. Uno, citar a una constituyente por fuera de lo que ordena la Carta de 1991. Él y sus aúlicos, Leyva y Montealegre, por ejemplo, han explorado abiertamente ese camino, sin éxito hasta ahora. Todavía les queda la excusa de pactarla con los elenos. Dos, cerrar el Congreso, probablemente con la disculpa de un estado de excepción. Tres, desconocer de manera abierta y con cualquier pretexto una sentencia de última instancia de los altos tribunales. Las sistemáticas agresiones de Petro a las cortes y sus decisiones, deslegitimándolas y alegando que son un ataque a su presidencia “progresista”, van en esta dirección. Por su sensibilidad política, el riesgo será especialmente alto cuando la Corte Constitucional decida sobre la reforma pensional. Finalmente, habría un autogolpe si Petro se niega a aceptar las decisiones que tomen el CNE, en relación con la financiación de su campaña, y la Comisión de Acusaciones, sobre su eventual responsabilidad penal y política.
El autogolpe es improbable hoy, pero en cualquier caso sería un pecado que nos costaría el futuro si no nos preparamos para semejante escenario. Petro no lo ha dado no porque no quiera sino porque no ha podido. No logra alinear los factores de poder que requiere para su éxito. Pero va sumando. Tiene ya Fiscal. El Contralor no es de oposición. Y acaba de elegir Procurador. Discrepo de quienes piensan que Eljach será un funcionario de bolsillo de Petro (como en cambio, hasta ahora sí viene siéndolo la Camargo). El nuevo Procurador tiene carácter e inteligencia. Pero declaró, recién electo, que está “convencido de que debemos en Colombia respetar el control de convencionalidad”. ¿Cuál es el alcance de esa afirmación cuando pocas horas antes Petro le había solicitado “cumplir las sentencias internacionales de DDHH [y] abandonar cualquier camino peligroso de lawfare”?
Cuando Petro habla de las sentencias internacionales está refiriéndose a la de su caso en la CorteIDH en donde, según él, se establece que un funcionario electo solo puede ser suspendido de su cargo por sentencia de un juez penal. El control de convencionalidad, según la CorteIDH, supone que todas las autoridades del Estado garanticen que los efectos de las disposiciones de la Convención Americana no se vean perjudicados por la aplicación de normas internas y, por tanto, que esas autoridades confronten las normas internas y la Convención y, al hacerlo, tengan en cuenta las interpretaciones que la misma CorteIDH ha hecho de la Convención. Cuando Eljach sostiene que debe “respetarse el control de convencionalidad”, ¿está en la línea de Petro y, por tanto, no en la de la Corte Constitucional que ha sostenido que la aplicación de las normas internas, entre ellas las facultades de la Procuraduría para suspender funcionarios electos popularmente, debe hacerse primordialmente en el marco de la Constitución y de la jurisprudencia de la misma Constitucional y no en la de la CorteIDH? En esa misma dirección, ¿esta sugiriendo Eljach que la Comisión de Acusaciones no tiene competencia para desarrollar un juicio político contra un presidente y, para lo que importa ahora, contra Petro, y que no se le puede aplicar el artículo 109 de la Carta? Sería muy grave que esa fuera la posición del nuevo Procurador. Esperar para ver.
Finalmente, hay que insistir de nuevo en la importancia de que las altas cortes escojan muy bien a los integrantes de las ternas para magistrados de la Constitucional. Es el último bastión de la democracia. De acá a septiembre del próximo año se escogerán cuatro nuevos magistrados. Petro solo no puede tener mayorías ahí. No puede ternar sino uno de los cuatro. Pero es previsible que la Fiscal se juegue en el Consejo de Estado y la Suprema para que postulen candidatos cercanos a Petro o que hayan pactado con él. Ojalá el nuevo Procuradora no se sume a esa tarea. Si las cortes ceden o si se equivocan, con mayorías en la Constitucional, Petro es capaz de todo.
