El jurista, quien está detrás de las recientes demandas a miembros de la oposición, ha sido beneficiado con contratos en RTVC, el Icfes y Positiva.
El exfiscal Eduardo Montealegre, conocido por su labor en el ámbito legal y su reciente persecución judicial hacia la oposición del gobierno de Gustavo Petro, ha sido objeto de controversia tras recibir contratos por un total de $842.766.000 a través de su empresa Economía Derecho y Sociedad SAS. Estos contratos han sido otorgados por diferentes entidades del gobierno, incluyendo RTVC, Icfes y Positiva.
Según la información disponible, la distribución de estos contratos es la siguiente: RTVC, $325.266.000; Positiva, $480.000.000, e Icfes, $37.500.000.
La naturaleza de estos contratos ha levantado cuestionamientos, especialmente el que asciende a $268 millones, que se paga con recursos públicos. Este contrato, aunque no tiene un enfoque claro en el área penal, sino jurídico, ha sido utilizado para radicar denuncias penales a nombre del gerente de RTVC, Hollman Morris, contra miembros de la oposición y otros críticos de la gestión del presidente Petro.
Las denuncias en cuestión han suscitado un intenso debate sobre la utilización de recursos públicos para fines que algunos consideran de carácter político. Críticos del gobierno han señalado que este tipo de prácticas podrían representar un abuso de poder y una forma de silenciar a quienes se oponen a la administración actual.
El 24 de septiembre, se supo que el exfiscal puso una denuncia por calumnia agravada contra Federico Gutiérrez, presentada a nombre del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Además, ha interpuesto denuncias similares contra figuras como la congresista María Fernanda Cabal, el expresidente Álvaro Uribe, Andrés Julián Rendón y José Obdulio Gaviria, entre otros. Por otro lado, Eduardo Montealegre radicó una tutela contra el periodista Néstor Morales, director de Blu Radio, por presuntamente vulnerar los derechos al buen nombre y la honra de Hollman Morris.
Ante este panorama, analistas advierten sobre el riesgo de instrumentalizar la justicia en función de intereses políticos. La situación plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas y el uso de los fondos públicos en un clima político cada vez más tenso. Con un panorama incierto, la atención se centra ahora en cómo el gobierno de Petro responderá a estas acusaciones y si se tomarán medidas para garantizar la transparencia en la contratación pública.
