La expulsión del país del Grupo Egmont limita severamente las capacidades de las autoridades colombianas para combatir el crimen organizado, el lavado de activos y el terrorismo.
Oficialmente, Colombia fue suspendida de manera definitiva del Grupo Egmont, la red global de inteligencia financiera, luego de que el presidente Gustavo Petro revelara públicamente información relacionada con el software Pegasus. Este anuncio, confirmado por El Colombiano, implica un aislamiento significativo para el país en su lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos.
El Grupo Egmont tomó inicialmente una decisión provisional mientras consultaba a sus países miembros. Sin embargo, un comunicado oficial declaró que la suspensión se debe a que Colombia no cumplió con los estándares necesarios para garantizar la independencia de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF) de otras entidades, en particular, de la propia Presidencia.
Esta suspensión afecta el acceso de Colombia al canal seguro del Grupo Egmont, un mecanismo esencial para el intercambio de información clave en la lucha contra delitos financieros y el lavado de activos. Con 177 miembros, Egmont ha sido una plataforma vital para que Colombia comparta información sobre las transacciones de grupos armados, narcotraficantes y terroristas que operan a nivel internacional.
¿Decisión premeditada de Petro?
La decisión significa que Colombia ahora enfrenta una barrera para acceder a detalles sobre los movimientos de delincuentes que tienen operaciones transnacionales, lo cual es crítico en un país donde grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tienen presencia en la región, incluida Venezuela. La falta de información puede limitar severamente las capacidades de las autoridades colombianas para combatir el crimen organizado.
“Debido a la publicación desautorizada de un documento prohibido por uno de nuestros miembros, el Grupo Egmont ha tomado la decisión de suspender oficialmente a la UIAF Colombia del acceso al canal seguro”, subraya el comunicado de Egmont.
Esta suspensión afecta años de esfuerzo por fortalecer la cooperación internacional y mejorar la reputación del país ante agencias globales.
Según una fuente cercana al proceso, ningún país votó a favor de Colombia en esta decisión, lo que agrava la situación y plantea interrogantes sobre la confianza internacional en las instituciones colombianas. Esta situación representa un serio revés para los esfuerzos de la UIAF en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, elementos que han sido priorizados en la agenda de seguridad del país.
