Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto, según denunció el presidente de Fedegán, cuentan con la asesoría de un abogado que, presuntamente, ha utilizado todo tipo de artimañas para evitar que sus defendidos respondan ante la justicia por los tres asesinatos.
A medio del pasado viernes 14 de septiembre, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), denunció que había personas interfiriendo en los procedimientos judiciales tendientes a presentar ante un juez de la República a dos hombres que confesaron los asesinatos del empresario Esteban Urueta González y sus trabajadores: Fredys Manuel Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola.
“Después del brutal asesinato del ganadero Esteban Urueta, ayer el Abogado Lesmer Quintero Argel obtuvo la libertad de los asesinos confesos. Hoy expedidas las órdenes de captura por parte de la Fiscalía los retiene en un edificio y pese a que el director del @GaulaPolicia interviene no los entrega. Estamos frente a un caso insólito en el que “un abogado” pasando por encima de la Ley y del dolor de sus familiares y de toda la comunidad, impide la acción de la justicia”, trinó el líder ganadero, quien ha estado al tanto del asunto desde el primero momento.
Urrueta y sus colaboradores fueron asesinados por dos personas identificadas como: Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto, quienes en conjunto con grupos armados la margen de la ley, habrían hurtado más de 700 reses que les habían sido encomendadas en un negocio de levante y división de animales.
Tras cometer el asesinato y la velocidad con la que se propagó la noticia, Cristian Petro y Juan Soto se presentaron voluntariamente a las instalaciones del Gaula, donde informaron la ubicación exacta de los cadáveres y confesaron ser los autores materiales del triple crimen.
“Lastimosamente, todas las investigaciones apuntan a que fue el administrador de la finca y estaría relacionado con la pérdida de un ganado. Él mismo se entregó, quizá por la presión de los hechos y porque el despliegue de la Fuerza Pública fue grande”, confirmó Alejandro Mejía Castaño, alcalde de Ciénaga de Oro, Córdoba.
Familiares de los asesinados se apostaron sobre las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para solicitar que se aceleraran los procedimientos tendientes a la expedición de las órdenes de captura de los confesos criminales, sin embargo, eso no se dio.
La noche de ese mismo viernes, luego de que Lafaurie denunciara las acciones presuntamente dilatorias del abogado, los dos hombres fueron puestos en libertad, ya que, contra ellos no pesaba ninguna orden judicial que les impidiera la libre movilidad.
Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto aprovecharon esta situación para desaparecer de la región, haciéndoles el quite a las autoridades, las cuales, con orden de captura en mano han fracasado en varios allanamientos.
Lafaurie dejó ver su indignación por la forma cómo las autoridades de Córdoba han venido manejando esta situación, que parece estar controlada por el abogado que representa a los confesos asesinos.
“¡Incomprensible! Después de una entrevista en Noticiero de Monteria, el abogado Quintero Argel dice ser no solo el “asesor” de estos delincuentes sino que declara que gracias a sus gestiones salieron libre de la detención de las autoridades. Ahora a buscarlos. ¿Complicidad?”, comentó el presidente ejecutivo de Fedegán en su cuenta en la red social X.
Finalmente, es importante mencionar que la Gobernación de Córdoba ha ofrecido una recompensa de $50 millones por información que dé con el paradero de los homicidas.
