La confrontación territorial entre el ELN y el Clan del Golfo siguen exacerbando la crisis que sufre esa región del Pacífico colombiano.
La subregión del San Juan, en el departamento de Chocó, enfrenta una grave crisis humanitaria tras el anuncio de un paro armado indefinido por parte del ELN. Ante ese panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades para que se respeten los derechos fundamentales de los habitantes de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales, que incluyen Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan.
Actualmente, 85 comunidades afro e indígenas, que suman aproximadamente 45.000 personas, se encuentran en situación de confinamiento debido al paro armado. De este número, unas 7.500 personas enfrentan una doble afectación: por la intensificación del conflicto armado y por los efectos adversos del cambio climático. Esta situación ha generado una emergencia humanitaria que exige una respuesta inmediata.
El paro armado y la confrontación territorial entre el ELN y elClan del Golfo siguen exacerbando la crisis. Las familias residentes en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón, así como en la carretera Nóvita-Torrá, están especialmente vulnerables. Además, las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, y Chagpien Tordó, junto con los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman, también están gravemente afectadas.
La situación pone en riesgo los derechos y libertades fundamentales de estas comunidades. Las restricciones a la movilidad, el confinamiento, los accidentes con minas antipersonal y artefactos explosivos, y el desplazamiento forzado han intensificado la crisis. A esto se suma la limitación en el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, agravada por el desbordamiento e inundación del río San Juan.
La Defensoría del Pueblo urgió a las instituciones estatales a coordinar esfuerzos para prevenir y proteger a la población civil. “Es imperativo que se tomen medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales y asegurar el bienestar de las personas afectadas por esta emergencia humanitaria. La situación exige una acción rápida y efectiva para mitigar el impacto del conflicto y las condiciones adversas que enfrentan estas comunidades”, emitió la entidad garante de los derechos humanos.
