El Ministerio Público vinculó al exsubdirector general, Víctor Andrés Meza Galván, y a la vicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora S.A., Daniela Andrade Valencia, en la investigación que adelanta por posibles sobrecostos en la adquisición de plantas desalinizadoras.
La Procuraduría decidió ampliar la investigación que comenzó el pasado 8 de abril, vinculando al exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla Álvarez, a las presuntas irregularidades en la compra de 1.000 tanques de reserva de agua destinados a rancherías de La Guajira. Inicialmente, la investigación se había centrado en el exdirector Olmedo López Martínez.
Según el Ministerio Público, tras revisar los documentos, se detectaron posibles irregularidades en la etapa precontractual y en la ejecución del contrato. Pinilla Álvarez, quien estaba encargado de la invitación a cotizantes, la selección del contratista y la supervisión del contrato, podría haber incurrido en faltas durante su gestión.
En una expansión de la investigación, la Procuraduría también incluyó a Pinilla Álvarez, al exsubdirector general de la Ungrd, Víctor Andrés Meza Galván, y a Daniela Andrade Valencia, vicepresidenta de Contratación Derivada de Fiduprevisora S.A., en el caso que se abrió el 31 de mayo por los posibles sobrecostos en la adquisición de tres plantas desalinizadoras por un valor de 42 mil millones de pesos para La Guajira. En este expediente, también está vinculado Olmedo López Martínez. La investigación sugiere que Meza Galván y Pinilla Álvarez pudieron haber realizado convocatorias para cotizantes, seleccionado al contratista y dado instrucciones para la elaboración del contrato, mientras que Andrade Valencia firmó el contrato en representación de Fiduprevisora S.A., administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Además, la Procuraduría vinculó a Meza Galván y al representante legal de Proyect ING S.A.S, Nelson Raúl Triana Cárdenas, al expediente abierto el 31 de mayo por irregularidades en el alquiler de 30 carrotanques para el departamento de Córdoba. La revisión de pruebas y documentos ha llevado a considerar la posible responsabilidad disciplinaria de los involucrados en estos casos.
El Ministerio Público continúa investigando las irregularidades reportadas para determinar la responsabilidad de los funcionarios en los contratos bajo escrutinio.
