Para la Defensoría, es urgente que el gobierno nacional y las autoridades locales implementen medidas efectivas para proteger a las comunidades afectadas y evitar una crisis humanitaria.
La comunidad afro Joaquincito Libre, perteneciente al consejo comunitario de la cuenca del río Naya, fue víctima del accionar violento de la Columna Móvil Jaime Martínez, parte del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las FARC. Este grupo armado provocó el desplazamiento de aproximadamente 60 familias hacia la zona urbana de Buenaventura, Valle del Cauca. Además, otras 65 familias de la comunidad Joaquincito, integrante del resguardo indígena Epedara Siapidara en la parte baja del río Naya, se vieron obligadas a confinarse para proteger sus vidas.
La situación fue documentada por la Defensoría del Pueblo a través de su Regional Pacífico, que alertó sobre una tercera comunidad, Chamuscado, también en proceso de desplazamiento debido a las acciones violentas de las disidencias. La entidad nacional de derechos humanos reiteró la importancia de que las instituciones competentes sigan las recomendaciones de su Alerta Temprana 039 de diciembre de 2023.
Para la Defensoría, es urgente que el gobierno nacional, en colaboración con las autoridades del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, implemente medidas efectivas para proteger a las comunidades afectadas.
“Se requiere la entrega inmediata de ayudas humanitarias de emergencia para los núcleos familiares confinados y para aquellos que han llegado o están en proceso de llegar al distrito costanero vía fluvial. Estas medidas son cruciales para garantizar derechos fundamentales como la vida, integridad, salud, alimentación, libre movilidad y trabajo”, dijo el defensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina.
Además, subrayó la necesidad de un esfuerzo coordinado para evitar una crisis humanitaria derivada del confinamiento y desplazamiento masivos, que constituyen flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario.
Una de las peticiones urgente es que las fuerzas de seguridad del Estado refuercen su presencia en las zonas afectadas por el conflicto, donde grupos armados ilegales continúan sembrando el miedo y la incertidumbre entre la población civil.
