Suspenden a exministro de Ciencia por irregularidades en el nombramiento del embajador en México

El servidor público, junto al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, avaló la hoja de vida de Álvaro Moisés Ninco Daza para el cargo diplomático sin que cumpliera los requisitos.

El exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia fue sancionado por la Procuraduría con diez meses de suspensión por una serie de irregularidades cometidas con en el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador en México. La medida también castiga a César Augusto Manrique Soacha, actual director del Departamento Administrativo de la Función Pública y quien, durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, se vio envuelto en un escándalo de corrupción por sobrecostos en la compra de unas motocicletas eléctricas; en este caso, la Fiscalía determinó que se presentó un peculado por más de 1000 millones de pesos, motivo por el cual fue condenado.

Sin experiencia

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento confirmó que la experiencia de Ninco Daza no alcanzaba el grado de sobresaliente para la compensación de requisitos, por lo que ambos funcionarios estaban obligados a recomendar no avalar su hoja de vida o, en su defecto, motivar razonadamente la decisión para considerarlo apto para ocupar el cargo, lo que no sucedió.

El ente de control probó que Luna Tapia y Manrique Soacha decidieron emitir su voto favorable para que el presidente de la República, Gustavo Petro, nombrara a Ninco Daza en el cargo que ejerce en la actualidad.

En el mismo sentido, el Ministerio Público resaltó que ambos erraron al momento de examinar la hoja de vida del candidato al pasar por alto que en los documentos que se allegaron al Comité Evaluador de los Méritos no se demostraba experiencia sobresaliente en ninguna disciplina, ocupación, arte u oficio, y que tampoco podía ser catalogado como líder juvenil o estudiantil porque en su corta trayectoria carecía de reconocimiento o distinción.

Finalmente, la Procuraduría estableció que con su actuación los funcionarios del actual gobierno vulneraron los principios de moralidad e igualdad que deben inspirar la función estatal, e incurrieron en una falta disciplinaria que fue calificada como grave cometida a título de dolo.​