El año pasado, Colombia consiguió 34 millones de dólares de cooperación internacional para la protección y restauración de la Amazonía; sin embargo, en los tres primeros meses de 2024 la deforestación aumentó el 42,73 %.
A pesar de las promesas de implementar políticas ambientales robustas para la protección de los ecosistemas, los resultados de la gestión del gobierno de Gustavo Petro han sido decepcionantes y la situación continúa deteriorándose, especialmente en la Amazonía en donde, según cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), dan cuenta de una pérdida de 40.219 hectáreas de bosques durante el primer trimestre del 2024. Es decir, 12.042 hectáreas más en comparación con el mismo periodo del 2023, lo que equivale a un aumento del 42,73 %. El departamento del Meta presentó el mayor incremento, con 12.598 hectáreas, le siguieron Caquetá, con 11.583 más, y Guaviare, con un aumento de 4.098.
Aun cuando las alertas tempranas y las llamadas de la comunidad científica y de la sociedad civil han sido urgentes y reiterativas, la administración de Petro ha mostrado una alarmante falta de respuesta efectiva.
De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, entidad que ha recogido las inconformidades de las comunidades, los dos factores claves que han generado el aumento de la destrucción de la selva es, en primer lugar, la temporada seca impulsada por la rudeza del fenómeno El Niño, lo que ha facilitado la tala y quema de bosques; en segundo lugar, la presencia de grupos armados al margen de la ley que obstaculizan la implementación y el avance de los programas de restauración y conservación.
“Las comunidades indígenas y locales son las principales víctimas del aumento de la deforestación, ya que la problemática afecta el medioambiente e impacta su vida, seguridad y dignidad y pone en riesgo la efectividad de sus derechos”, señaló el vicedefensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina.
¿Y la plata de la COP28?
El año pasado, en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que se celebró en Dubai, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció la consecución de cerca de 34 millones de dólares, gracias a la cooperación de los gobiernos de Reino Unido, Noruega y Alemania, para trabajar en la protección y restauración de la Amazonía.
“Estos recursos internacionales permitirán avanzar en el desarrollo de la estrategia de contención de la deforestación y fortalecer los lazos con las comunidades en los territorios y los pueblos indígenas, que han sido fundamentales para lograr la reducción de la deforestación”, expresó en ese entonces la ministra Muhamad; sin embargo, las cifras del Ideam y la información recogida por la Defensoría del Pueblo dejan en evidencia que la gestión ambiental ha sido inútil.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo, líderes ambientales y expertos instaron al gobierno a tomar medidas urgentes y efectivas para revertir esta tendencia alarmante. Exigieron un compromiso renovado con la conservación ambiental, así como una acción inmediata para fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la aplicación de la ley.
“Es preciso que las entidades del Sistema Nacional Ambiental trabajen en conjunto para mitigar los impactos que afectan la calidad de vida de las comunidades que dependen del vasto ecosistema en el suroriente de Meta, sur del Vichada y en la totalidad del territorio de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas”, concluyó el vicedefensor.
