La precandidata presidencial denunció que el Gobierno Nacional entregó más de la mitad de esos recursos a la Cric y la Onic, dos de las entidades que participaron activamente en las marchas convocadas por el presidente Petro el año pasado. ¿Comprando movilizaciones? Se pregunta.
Mientras el presidente, Gustavo Petro, enviaba mensajes en diferentes idiomas a las organizaciones defensoras de derechos humanos, pero principalmente a quienes lo secundan en sus manifestaciones contra todo aquello que piensa es perjudicial o atenta contra su ejercicio administrativo; la senadora por el Centro Democrático, líder de la oposición y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, hacía una grave denuncia relacionada con una presunta malversación de fondos públicos.
Precisamente, la queja de la congresista está enfocada en la elevada cifra que han recibido organizaciones indígenas para la ‘ejecución de proyectos’ y cómo o por qué se hace de una manera tan desigual la distribución de los recursos.
“Desde el año pasando he venido buscando los convenios interadministrativos que ha firmado el gobierno Petro con las diferentes organizaciones indígenas del país, fueron más de 20 derechos de petición para conseguir la información, que es reveladora”, dijo Cabal, poniendo de presente las dificultades para acceder a información y documentos públicos.
Es pertinente señalar, luego de los llamamientos a movilizarse hechos por Petro, que las organizaciones indígenas, principalmente las que aglutinan resguardos del departamento del Cauca, han demostrado fidelidad y disposición, pues, vienen participando en protestas sostenidas por cuenta del presidente y varias instituciones públicas, como han publicado con soportes los medios de comunicación.
No hay equidad en la distribución de los recursos
Advierte que de las más de 40 organizaciones indígenas que existen actualmente en el país, solo la mitad recibió recursos significativos del Estado. Los documentos en poder de la senadora de oposición confirman que a corte de diciembre de 2023, se habían liquidado un poco más de 50 convenios interadministrativos con autoridades indígenas cuyo valor total fue de $198.237 millones, lo que significa que desde el erario se giraron a esas entidades cerca de $13.215 millones mensuales.
“Todos estos convenios fueron contratados de forma directa (Ley 2160/21) si preocupa la capacidad técnica de los contratistas. ¿Bajo qué criterio se entregaron esos recursos, quién decidió los montos? ¿Contratos para la armonía y equilibrio?”, explica otro de los trinos, el cual tiene adjuntos capturas de pantallas donde se relacionan los contratos.
A renglón seguido, denuncia que habida cuenta de una delegación de funciones, al Estado le resultará imposible determinar si una suma importante de esos recursos fueron invertidos adecuadamente.
“Dentro de lo entregado a los indígenas, hay un rubro específico para subsidios de vivienda por $39.625.600.000, aquí @Minvivienda delega a la autoridad indígena para que decida a quién darle esa plata. ¿Cómo se aseguran que se focalice bien? ¿Llegó el $?”, se lee en otro de los post de Cabal.
La líder de la oposición hace énfasis en un hecho que en varias oportunidades ha comentado en entrevistas y el mismo Congreso: hay grupos indígenas que por su afinidad y casi servilismo con el actual gobierno, reciben más dinero que otros sin un aparente soporte técnico.
“Revisando los contratos, se evidencia que más de $74.000.000.000, fueron entregados al CRIC, los organizadores de marchas en favor de Petro. ¿Pagando favores con el erario? Con contratos así marcharían toda la vida si les toca”, señaló María Fernanda Cabal.
Otra de las organizaciones que ha resultado grandemente favorecida con el dinero del erario, ha sido la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), a cual, según los datos recolectados por la senadora, recibió en el 2023 recursos por el orden de los $38.385 millones. “Tan solo un contrato con @MinInterior fue celebrado por $25.000.000.000 y tuvo una duración de cerca de 6 meses, es decir, más de $4.000.000.000 mensuales”, precisó la senadora.
Se pudo haber hecho más que financiar marchas
Estas cifras significa un poco más de la mitad del valor total de los contratos y puede ser la justificación del porqué de algunas actitudes asumidas por las comunidades indígenas referenciadas, que cuando no están en Bogotá presionando al Congreso para que apruebe las reformas propuestas por Petro, está bloqueando la vía Panamericana o invadiendo tierras privada en distintas zonas del departamento del Cauca y prendiendo fuego a los cultivos allí presentes.
Finalmente, en lo que es un mensaje directo y concreto al presidente Gustavo Petro, le enrostró cuántos proyectos podrían ejecutarse con el dinero que se le giró a las organizaciones indígenas y que, dada la realidad de los territorios que habitan y la de sus integrantes, no repercute en el mejoramiento de sus condiciones de vida.
“Con un presupuesto de $198.237.808.986 y considerando un costo máximo de $156.600.000 por vivienda de interés social (VIS) en Colombia, se podrían construir aproximadamente 1,266 casas de interés social. Con un presupuesto de $198.237.808.986, se pueden atender aproximadamente 101.660.415 refrigerios en total, lo que equivale a la capacidad de atender a un niño por día”, concluyó la precandidata presidencial, María Fernanda Cabal.
