Las modificaciones que se pretenden introducir a un tratado firmado con Francia darían pie a que se desestimen las solicitudes de enjuiciamiento en otro país por razón de la nacionalidad. Las limitaciones de este tipo son muy mal vistas en el concierto internacional.
En su más reciente columna de opinión publicada en el periódico El Tiempo, el ex fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez se fue lanza en ristre contra las modificaciones que se pretenden hacer a un tratado de cooperación judicial firmado con Francia.
Arranca diciendo el exfiscal, que la extradición es una de los figuras más importante en contra de la delincuencia transnacional, pues, este mecanismo de colaboración tiene múltiples herramientas que “facilitan el juzgamiento y la sanción de los criminales en todas las jurisdicciones”.
Señala también, que el concierto internacional valora positivamente la colaboración que en ese sentido se suministra, además, advierte que los “países que no ofrecen en extradición a sus nacionales […] son mirados con recelo por la comunidad de naciones”.
Explica igualmente que, a pesar de los muchos problemas presentados en los convulsos años 80 y 90 y la ausencia de este mecanismo en la Constitución de 1991, desde su reinserción al ordenamiento jurídico, la extradición ha posicionado a Colombia entre los países que más ayuda ofrece en estos temas.
“Nuestro país ha sido muy activo requiriendo delincuentes en deuda con nuestra justicia y ofreciendo a quienes deben comparecer ante los tribunales de países aliados. Ello nos ha valido que en Estados Unidos se afirme que Colombia es la nación con la que tiene mayor cooperación judicial, a nivel mundial”, dice Martínez Neira en su escrito.
Esa denominación podría ser cosa del pasado, denuncia Nestor Humberto Martínez, por cuenta de dos iniciativas emprendidas por el Gobierno Nacional, en cabeza de Gustavo Petro, la una y Álvaro Leyva Durán y sus tristemente célebres colaboradores, la otra.
La primera de estas apuestas para eliminar por la “puerta de atrás” la extradición, se encuentra en los decretos y leyes expedidas por el presidente en el marco de lo que el mismo ha denominado la Paz Total.
“En la reciente ley de la Paz Total se consagró la suspensión automática de las órdenes de captura con fines de extradición de los desmovilizados que se ubiquen en las zonas de “ubicación temporal” acordadas, bien sean guerrilleros o miembros de bandas criminales. Si, como allí se dice, tales órdenes de captura no se pueden ejecutar, la extradición se hará imposible”, se lee en uno de los apartes de la nota.
En segundo lugar y con incidencias mucho mayores desde todo punto de vista, expone Martínez Neira, son las modificaciones que se pretenden introducir en un tratado firmado con Francia en 1850 y que daría al traste con esta posibilidad de colaboración judicial.
“[…] El pasado 6 de diciembre se anunció que nuestro gobierno negocia con Francia una modernización del tratado vigente de 1850, con la asesoría del inefable Juan Carlos Losada, el mismo del entramado de los pasaportes. Se lee en dicho comunicado que se acordó con Francia que “la extradición no se concederá si la persona reclamada tiene nacionalidad de la parte requerida. En otras palabras, Colombia no quedará obligada a entregar a sus nacionales”, señala la columna.
A renglón seguido, precisa que este cambio, concretamente la prohibición de la extradición de nacionales colombianos, va en contra de la Constitución, pues, en una reforma introducida en 1997 se estableció diáfanamente que “la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior”.
Finalmente, insinúa que las modificaciones que se quieren hacer al mencionado acuerdo bilateral de cooperación, limitaría o al menos, retardaría significativamente el traslado de criminales desde nuestro país a otro que lo solicite para adelantar procesos penales en su contra.
“[…] Frente a una petición de extradición, que si un colombiano puede alegar ante Francia su improcedencia, por razón de su nacionalidad, lo mismo podría alegar un nacional que esté siendo solicitado por Estados Unidos, al no existir una razón que justifique un tratamiento discriminatorio. Es decir, lo acordado con Francia le daría un golpe de muerte a la cooperación judicial internacional, por una rendija falsa”, puntualiza la nota de opinión.
Lea columna completa aquí:
