A pesar de que las denuncias darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales y bandas criminales, las cárceles del país se han convertido en centros de intimidación a cambio de dinero, a través de llamadas telefónicas.
El sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan.
De acuerdo con el portal Siedco, sobre estadística delictiva, de la Policía Nacional, el año pasado fueron denunciados 9871 de extorsión en Colombia.
La cifra es preocupante ya que, desde el 2020 hasta el 2023, esta conducta criminal tuvo un incremento del 20,5 %.
Los casos donde más se presentaron denuncias por extorsión se concentraron en los departamentos de Cundinamarca (1827), Antioquia (1725), Atlántico (1227), Valle del Cauca (1010) y Norte de Santander (525 casos).
Debido a esta alarmante situación, la Defensoría del Pueblo llamó al gobierno nacional a trabajar en la implementación de medidas efectivas para contrarrestar el delito.
“La actual situación que afronta Colombia por el delito de extorsión afecta de manera considerable la seguridad ciudadana”, manifestó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
Desde las cárceles
Si bien las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan.
Además, algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarías de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros.
“Si bien valoramos la ‘Operación Dominó’, liderada por el Inpec, se requiere un mayor esfuerzo presupuestal del gobierno nacional para que haya una modernización del sistema penitenciario en tecnología de punta 4G o 5G, sobre todo porque, además de que hay pocos inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles, los que existen tienen tecnología obsoleta 2.5G”, indicó Camargo Assis.
De los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Inpec, únicamente en 16 ha sido instalado el sistema de inhibición de señal; sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5G.
“Combatir ese delito requiere una actuación conjunta y coordinada desde las diferentes instituciones del Estado, es por ello que solicitamos una mayor articulación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de que implementen con urgencia planes efectivos, idóneos y eficaces para contrarrestar los casos de extorsión y amenazas que se han presentado en las cárceles colombianas”, concluyó el defensor del Pueblo.
