De acuerdo con el denunciante, el proceso precontractual deja más dudas que certezas en torno al cumplimiento cabal de los requisitos que exige la norma que regula la contratación pública en Colombia.
Desde hace ya varios años, el abogado David Rodríguez viene ejerciendo una labor de control ciudadano y vigilancia de los recursos públicos, buscando, según ha dicho en repetidas ocasiones, que las inversiones repercutan realmente en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y los proceso en las instituciones.
Uno de los temas más recurrentes en su ejercicio de control ciudadano, tiene que ver con la forma en cómo se estructuran, convocan y entregan los contratos públicos, pues, es precisamente en ese periodo de tiempo en el que muchas veces se tuerce la ley, permitiendo la fuga de dinero público a bolsillo de particulares.
Precisamente, a través de sus redes sociales, informó que está pendiente de un proceso contractual llevado a cabo por la Unidad Nacional de Protección y que luego de un análisis riguroso, hay muchos indicios de que se pudieron involuntaria o voluntariamente cometido acciones irregulares.
“Solicitamos información de las visitas previas a los inmuebles ofertados en la contratación directa, funcionarios y contratistas que participaron dentro del proceso, estudios previos, variables de matriz de riesgo, pólizas de seguro, informe de observaciones recibidas y otros datos que son indispensables para conocer la minucia de este contrato adjudicado el pasado 28 de diciembre casi a las 12 de la noche por casi 51 mil millones de pesos. Hoy son más las dudas que las respuestas”, precisó el jurista a través de su cuenta en la red social X.
El contrato en cuestión tiene que ver con el arrendamiento de una edificación que sirva de sede para la entidad, no obstante, hay algunos elementos que deberían ser analizados por los entes de control y judiciales en aras de determinar si se cometió algún tipo de acción que merezca sanción disciplinaria, fiscal y penal.
