Lo que hace unos años era motivo de fuerte crítica para el petrismo y la izquierda colombiana, hoy es en una serie de merecidos beneficios, acordes a lo que, supuestamente, representa ser la esposa del presidente de la República.
El reciente escándalo en el que se vio envuelta la primera dama, Verónica Alcocer, y sus excesivos gastos en cuidado personal y consolidación de su imagen pública, ha dejado ver el doble discurso de la izquierda colombiana, pues lo que en gobiernos anteriores fue motivo de implacable crítica ahora se ha convertido en una serie de merecidos beneficios, acordes a lo que, supuestamente, representa ser la esposa del presidente de Colombia.
Y es que el gobierno de Gustavo Petro, su bancada y seguidores de a pie no han hecho más que justificar y aplaudir cada lujo y exceso que se ha atribuido la señora Alcocer que, sin ser funcionaria estatal, costea sus privilegios con dinero público. Así lo reveló hace un par de días el portal La Silla Vacía que denunció que la esposa del jefe de Estado ha gastado más de mil millones de pesos en maquilladores, diseñadores de moda, masajistas, fotógrafos y asesores personales, entre otros, contratados a través de tercerización por entidades como el Sistema de Medios Públicos – RTVC-, Procolombia y la Consejería para la Reconciliación, estas dos últimas en las que Verónica Alcocer viene manejando cuotas burocráticas.
Influencias y contratación
Pero los excesivos privilegios que desde el 7 de agosto de 2022 viene ostentando Verónica Alcocer no solamente tienen que ver con su arreglo personal, sino que se extienden a lo político ya que, con la complacencia de Presidencia, se ha dado la importancia de representar al gobierno colombiano en misiones diplomáticas (sepelio del exprimer ministro japonés, Shinzo Abe, y visita oficial al papa Francisco), como nunca antes lo hizo, por ejemplo, Lina Moreno de Uribe, María Clemencia Rodríguez de Santos o María Juliana Ruiz de Duque quienes, si bien acompañaron a sus esposos, nunca tuvieron la osadía de suplir las funciones del jefe de Estado o del canciller.
Por si fuera poco, la primera dama se ha asignado un poder para contratar a sus amigos y colaboradores. Su influencia ha sido clave para el nombramiento de funcionarios en el Ministerio de Cultura, la Consejería de Reconciliación, el Sistema de Medios Públicos RTVC y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Todo esto contradice el discurso de austeridad y anticorrupción con el que Gustavo Petro se hizo elegir presidente de Colombia.