Ante el aumento indiscriminado de las extorsiones desde las cárceles del país, la Procuraduría hizo un enérgico llamado al gobierno nacional para que ponga freno a esta situación.
La extorsión representa el 41 por ciento de todos los delitos cometidos desde las cárceles de Colombia y lo más preocupante, según la Procuraduría, es que esta problemática va en aumento.
El caso más alarmante se viene presentando en Tuluá, Valle del Cauca, en donde la banda delincuencial La Inmaculada viene azotando a comerciantes y empresarios de la región con la exigencia de gruesas sumas de dinero o de lo contrario sus establecimientos serán blanco de atentados.
“Desde la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos se ha hecho especial seguimiento a esta problemática, alertando que este delito corre el riesgo de extenderse a otras regiones del país tal como está sucediendo ahora en Barranquilla”, informó el ente de control.
Inoperancia del gobierno
Para la Procuraduría la falta de operatividad del gobierno de Gustavo Petro y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se evidencia hasta en el mal funcionamiento de equipos bloqueadores de señal, pues de 22 instalados en igual número de penitenciarias solo funcionan 2.
En este sentido, el Ministerio Público cuestiona que se permita el ingreso de elementos prohibidos a las prisiones bajo complicidad de guardias y sin recato de autoridad, dando oportunidad a los delincuentes para que amenacen la institucionalidad estando tras las rejas.
Por eso, ante las dificultades que presentan las entidades y el incremento día a día de la inseguridad, la Procuraduría pidió a los ministros de Defensa, Justicia, Tecnología y Comunicaciones, así como a las directivas del Inpec, a que adopten mecanismos que solucionen esta grave problemática.
Así las cosas, la Procuraduría propuso evaluar la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para desarticular el flagelo de la extorsión carcelaria y extramural a nivel nacional.
