Los recursos están enfocados a la protección de Magistrados, comparecientes, testigos y demás personas que intervienen en los procesos que adelanta la jurisdicción. Solicitan a los entes de control hacerle zoom al valor del contrato.
A través de sus redes sociales el veedor ciudadano y electo concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suscribió un contrato para temas de protección que podría tener sobrecostos.
El convenio interadministrativo firmado entre la JEP y la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuyo objeto es “continuar con el apoyo en la implementación de las medidas de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes en los procesos que adelanta la JEP, que permitan implementar con enfoque preventivo, la adecuada protección individual y colectiva de la vida e integridad de quienes se desplacen a territorio a la práctica de diligencias judiciales y las personas objeto de medidas de protección, a quienes en razón del cargo o su nivel de riesgo extraordinario y/o extremo, se les asigne un esquema de seguridad”, tiene un plazo de duración son 32 meses y un valor de $172.148 millones.
“$172.148.168.002 gastará la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP en esquemas de seguridad, escoltas y camionetas blindadas para sus magistrados, funcionarios, intervinientes y víctimas en los próximos 32 meses. $5.379.630.250 mensual, $179.321.008 al día”, precisó el veedor ciudadano y concejal de Bogotá.
Como se sabe, la JEP surge como mecanismo para esclarecer todos los hechos relacionados con el conflicto armado nacional, especialmente, para sancionar a los agentes del Estado que intervinieron en el desarrollo del conflicto, distorsionando la función que constitucionalmente les correspondía para ponerse del lado de los alzados en armas.
Es pertinente mencionar que hace poco menos de una semana, un número importante de protegidos por la UNP se quedaron sin vehículos blindados, pues, fueron bloqueados por la empresa propietaria, por cuenta del incumplimiento en los pagos del arrendamiento de los mismos.
Finalmente, Briceño y varios de los internautas que interactuaron con l publicación, solicitan que los entes de control se apersonan de la situación en aras de determinar si la cifra en comento se justa a todos los estándares legales permitidos, o si por el contrario, puede ser objeto de reproches.
