El defensor del Pueblo presentó una preocupante radiografía de los derechos humanos en Colombia.
En un detallado informe la Defensoría del Pueblo expuso los desafíos significativos en materia de derechos humanos y seguridad que debe enfrentar Colombia pese a las promesas del gobierno de consolidar la paz.
El documento, titulado ‘Los contrastes de la realidad humanitaria: un país que busca la paz’ y que fue presentado en el marco de un conversatorio académico en la American University en Washington,
examina diversos aspectos que reflejan la compleja situación que vive el país, especialmente en departamentos como Antioquia, Chocó, Valle, Cauca y Nariño.
“En este estudio presentamos un panorama nacional de derechos humanos, basado en las labores de monitoreo, advertencia y seguimiento a los riesgos identificados por nuestro Sistema de Alertas Temprana, a fin de visibilizar las lamentables realidades e impulsar las acciones del Estado para que sean mitigados y superados los escenarios advertidos”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Las conductas delictivas más advertidas por la Defensoría del Pueblo fueron amenazas, desplazamiento forzado, reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes, regulaciones a la movilidad, enfrentamientos armados con interposición de la población civil, minería ilegal y trata de personas.
Recrudecimiento de la violencia
A pesar de los anuncios gubernamentales de la implementación de la política de la paz total, se registra un preocupante aumento en los índices de violencia en varias regiones del país. La presencia de grupos armados ilegales se ha robustecido y continúa siendo una amenaza para la población civil; de hecho, registra el informe, cerca de 430 municipios y más de 20 áreas no municipalizadas de Colombia están en riesgo por el accionar de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo señala que las organizaciones armadas con mayor injerencia, presencia o tránsito, cuyo propósito es el control territorial y poblacional para aumentar sus finanzas derivadas de economías ilícitas, son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia de las Farc, el ELN y grupos de crimen organizado.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hacen presencia en 392 municipios de 21 departamentos, principalmente Antioquia, Chocó, Bolívar y Córdoba; entre tanto, el Estado Mayor Central delinque en 234 municipios de 21 departamentos, sobre todo en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Por su parte, el ELN, opera en 232 municipios de 17 departamentos, en especial en Chocó, Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Arauca; la Segunda Marquetalia, en 65 municipios de 16 departamentos, de manera principal en Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. Los grupos del crimen organizado hacen presencia en 184 municipios de 22 departamentos.
El informe de la Defensoría del Pueblo subraya la urgencia de adoptar medidas efectivas para abordar estos desafíos y avanzar en la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.
“El abordaje de las dinámicas del conflicto armado y del crimen organizado y de las principales acciones de violencia y conductas que vulneran los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario tiene que ser atendido, no en vano el título de nuestro documento: la realidad humanitaria en blanco y negro, que es desconsoladora y cruda; por ende, no puede ser ignorada por la institucionalidad gubernamental”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
