En el departamento se registran 13 casos de invasión de tierras confirmó la Policía Nacional.
Pese a los bloqueos por las barricadas instaladas en zona rural de Chimicahagua, en el Cesar, las autoridades desalojaron a 400 supuestas familias campesinas que se encontraban invadiendo terrenos privadas.
La diligencia que se cumplió en la finca La Oficina y el predio El Mamón permitió la recuperación de 330 hectáreas que estaban en manos de los invasores.
“Este es un desalojo organizado desde la Presidencia de la República; el Ministerio de Interior notificó a la Gobernación, a la Alcaldía de Chimichagua para que, en articulación con la Policía y apoyo del Ejército, garantizando la integridad de los ocupantes, se desarrollara el procedimiento”, manifestó el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel López.
El funcionario confirmó que el propietario de la finca había realizado las acciones jurídicas y policivas necesarias para recuperar su predio, pero no había tenido respuestas; razón por la cual dirigió su petición al Ministerio del Interior, logrando su intervención.
El proceso
Aunque la diligencia inició desde este martes, los uniformados del Esmad y los funcionarios de las distintas instituciones no pudieron llegar a la zona. Se reanudó nuevamente al día siguiente en donde a través del acompañamiento de la Personería de Chimichagua y la Alcaldía Municipal se dialogó con las familias para convencerlas de desalojar de manera pacífica.
Situación similar a la que se vivió en la finca La OKA S. A. S. ubicada en Curumaní también el departamento del Cesar donde resultado del diálogo y con apoyo de trabajadores del predio, decenas de ganaderos y el trabajo en conjunto de las autoridades se logró el desalojo pacífico de las 200 personas que estaban invadiendo el terreno.
Medidas urgentes
En el departamento del Cesar, se reportan hoy, 13 casos de invasión de tierras; la Policía y los organismos garantes de derechos adelantan un cronograma de desalojos.
El alcalde de Chimichagua, Celso Moreno, planteó realizar una mesa de trabajo con la institucionalidad para hacer una trazabilidad con el Gobierno Nacional, a fin de analizar la posibilidad de compra de tierras para cultivar como lo ha propuesto el nivel central.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno Petro, la implementación de medidas para recuperar la tranquilidad en las regiones del país y defender la propiedad privada.
“Es urgente que el Estado actúe y que el diálogo anunciado por el Gobierno se traduzca en hechos concretos. Por ejemplo, se requiere la definición de las rutas para atender las diferentes reclamaciones, sin que la inacción se entienda como una invitación a las ocupaciones”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
