Durante el juicio, la Fiscalía pudo demostrar que José Leonardo Quevedo Turizo escogía a sus víctimas por la orientación sexual. Luego de asesinarlas, guardaba algunas de sus pertenencias de valor como ‘trofeos’. Fue hallado culpable de los delitos de homicidio, hurto y destrucción de pruebas.
Tras varios años de investigación, la juez 25 Penal del Circuito de Bogotá condenó a José Leonardo Quevedo Turizo a 39 años y 4 meses de prisión por el asesinato de dos hombres, ambos miembros de la comunidad LGBTIQ+. La sentencia marca un precedente en la lucha contra los crímenes de odio en Colombia, destacando la gravedad y sistematicidad de los actos cometidos por el acusado.
Quevedo Turizo fue hallado culpable del homicidio del médico panameño José Luis Santamaría Castillo, ocurrido en octubre de 2022 en Chapinero. Según la Fiscalía, el acusado atacó a la víctima con un arma cortopunzante en su residencia, provocó un incendio para destruir evidencias y huyó con objetos de valor.
En mayo de 2023, repitió el patrón al asesinar a José Ariel Jiménez Rodríguez, un estudiante universitario encontrado asfixiado en su apartamento en Barrios Unidos. Ambos casos evidenciaron un modus operandi calculado: Quevedo contactaba a las víctimas mediante redes sociales o aplicaciones digitales, ganaba su confianza y luego las atacaba en sus hogares.
Las investigaciones revelaron que Quevedo seleccionaba a sus víctimas específicamente por su orientación sexual. Además del asesinato, se apropiaba de pertenencias como celulares, computadores y relojes, no con fines económicos sino como trofeos simbólicos de sus crímenes. Entre las pruebas utilizadas para condenarlo se incluyeron registros de cámaras de seguridad, testimonios y evidencia técnica.
Leonardo Quevedo Turizo también está en la mira de la Fiscalía por otros dos homicidios similares ocurridos en Bogotá. Aunque no se le imputaron cargos por discriminación, los casos reflejan una clara vulnerabilidad de la comunidad LGBTIQ+ frente a crímenes motivados por odio.
La sentencia incluye una multa equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para ejercer derechos públicos durante 20 años. Además, se negó cualquier beneficio penitenciario como prisión domiciliaria.
Aunque la condena representa un paso hacia la justicia, colectivos sociales exigen medidas más contundentes para garantizar la seguridad y protección de esta población vulnerable.
