Aunque las cifras oficiales muestran una reducción frente a 2024, la Defensoría del Pueblo advierte que el reclutamiento forzado sigue siendo una práctica sistemática. Las disidencias y el Estado Mayor Central concentran la mayoría de los casos, con especial impacto en comunidades indígenas.
El año 2025 cerró con una cifra que sigue encendiendo las alarmas en materia de derechos humanos: 257 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado en Colombia, según el informe anual de la Defensoría del Pueblo.
Si bien el número representa una disminución frente a los 651 casos reportados en 2024, la entidad advierte que la práctica persiste y continúa vulnerando de manera grave el Derecho Internacional Humanitario.
Detrás del descenso estadístico, la Defensoría identifica una realidad preocupante: los grupos armados ilegales no han abandonado el uso de menores en el conflicto, sino que han ajustado sus dinámicas en territorios históricamente golpeados por la violencia y la ausencia estatal.
El perfil de las víctimas
El informe revela que el 62% de los menores reclutados son niños y adolescentes varones, mientras que el 38% corresponde a niñas, muchas de ellas expuestas además a riesgos diferenciados por violencia basada en género.
Sin embargo, el dato más alarmante está relacionado con la pertenencia étnica: el 47% de los casos ocurrió en comunidades indígenas, lo que representa una amenaza directa a la pervivencia cultural y social de estos pueblos.
El resto de las víctimas corresponde a menores que no se reconocen en ningún grupo étnico (45%) y a población afrocolombiana (8%), confirmando que el fenómeno afecta de manera desproporcionada a poblaciones históricamente vulnerables.
Cauca, el epicentro del reclutamiento
La geografía del reclutamiento forzado en 2025 vuelve a concentrarse en el suroccidente del país. Cauca lidera las estadísticas con 93 casos, seguido por Antioquia (25), Chocó (22) y Nariño (14), departamentos donde convergen disputas armadas, economías ilegales y baja presencia institucional.
En cuanto a los presuntos responsables, el Estado Mayor Central (EMC) encabeza la lista, señalado en el 47,1% de los casos. Le siguen las disidencias sin especificar (15,6%), el ELN (11,7%) y el Ejército Gaitanista de Colombia (8,2%), lo que evidencia que tanto estructuras disidentes como guerrillas activas continúan recurriendo a menores como parte de su estrategia armada.
Una dinámica cambiante
A diferencia de 2024, cuando el reclutamiento tuvo picos concentrados en el primer trimestre del año, 2025 mostró un comportamiento más variable, con su punto más alto en junio, mes que concentró el 13% de los casos. A partir de allí, los reportes descendieron progresivamente hasta cerrar diciembre con apenas el 1% del total anual.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado urgente a los grupos armados para que cesen de manera inmediata estas prácticas y al Gobierno Nacional para fortalecer la presencia institucional en los territorios más afectados, donde la falta de oportunidades, educación y protección sigue siendo el principal terreno fértil para el reclutamiento.
