El Clan del Golfo, disidencias de las Farc y ELN lideran la expansión en al menos 14 departamentos. Las cifras cuestionan la eficacia de la política impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y abren un debate judicial sobre el control territorial del Estado y sus omisiones.
Colombia cierra 2025 con un mapa armado más denso y fragmentado. Los reportes de inteligencia militar que trascendieron a la opinión pública confirman la presencia de 25.278 integrantes en grupos ilegales, un incremento del 15 % frente a enero, en pleno desarrollo de la política de paz total. El repunte plantea un dilema de fondo: la expansión simultánea de organizaciones criminales mientras el Gobierno mantiene mesas de diálogo con buena parte de ellas.
El Clan del Golfo, con cerca de 9.000 hombres, consolidó su dominio en Antioquia, Córdoba, Sucre y Chocó, aprovechando la reducción de operaciones militares durante los ceses bilaterales. Al mismo tiempo, las disidencias del Estado Mayor Central y de la Segunda Marquetalia, con más de 6.000 combatientes, fortalecieron corredores de narcotráfico y minería ilegal en Meta, Guaviare, Caquetá y Nariño, extendiendo su influencia hacia zonas donde el Estado perdió presencia efectiva.
En paralelo, el ELN mantiene su estructura operativa en Arauca, Norte de Santander y Chocó, con un incremento de reclutamiento juvenil y control sobre economías locales. En la región Caribe, la inteligencia reporta un crecimiento sostenido de redes armadas en La Guajira, Cesar, Atlántico, Magdalena y Bolívar, donde confluyen extorsión, contrabando y microtráfico.
Entidades como la Procuraduría y Defensoría del Pueblo advierten que los ceses bilaterales sin verificación internacional han generado vacíos institucionales que podrían derivar en responsabilidades del Estado por omisión.
Como si fuera poco, el contexto internacional también se tensiona por cuenta de estas iniciativas gubernamentales: Estados Unidos ha expresado preocupación por el “retroceso operativo” de las fuerzas estatales en el Caribe y la frontera pacífica, y reevalúa la cooperación antidrogas.
Así las cosas, más que una estadística, el aumento de combatientes evidencia un reacomodo del poder armado bajo nuevas reglas: diálogos sin control, treguas sin verificación y territorios sin Estado. Expertos, analistas y políticos de oposición son enfáticos en señalar que, si la justicia interviene, no será solo para sancionar a los violentos.
